Marzo de 2022. La evidencia de la entrada de fondos rusos en Cataluña llevó a la petición de una investigación formal. Lo hizo la Red Europea de Cooperación Electoral, que estaba "catalogando la financiación extranjera en los Estados miembros de la Unión y manifiesta su interés en que se le informe de estos trabajos; pide que se prohíba la financiación extranjera procedente de países no pertenecientes a la Unión". La petición partió de un informe previo que, a su juicio, ya determinó carencias en el control "en materia de campañas políticas y financiación de partidos políticos, incluida la procedente de terceros países", por lo que la Red pidió "normas para colmar las lagunas detectadas en las recomendaciones del informe ING1, que se aplicarían a las leyes electorales nacionales de todos los Estados miembros, incluidos los mecanismos de cumplimiento". La petición fue respaldada por el Parlamento Europeo que, de hecho, pidió "a los Estados miembros que aborden con carácter urgente la cuestión de las donaciones procedentes de terceros países a partidos políticos nacionales, con el fin de colmar las lagunas existentes en su legislación".
Los informes europeos que avalaban esas peticiones entraron a fondo en materia de "financiación encubierta de actividades políticas por agentes y donantes extranjeros". Y señalaron a Cataluña: se reitera la "preocupación por las constantes revelaciones de financiación masiva rusa de políticos, partidos políticos y antiguos políticos y funcionarios en una serie de países democráticos, con el propósito de interferir y conseguir influencia en sus procesos internos; expresa su preocupación por las conexiones de Rusia con varios partidos políticos y políticos de la Unión y su amplia injerencia en movimientos secesionistas en los territorios europeos y en la Unión, como en Cataluña, donde se insta a las autoridades pertinentes a que lleven a cabo una investigación exhaustiva, y pide al Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas, situado en Helsinki, que lleve a cabo un estudio de este caso concreto", explicó el texto de uno de esos informes del Parlamento de la UE.
Y hoy, el Gobierno de Pedro Sánchez carga contra los jueces que lo investigan y pretende amnistiar esos comportamientos calificados en el Código Penal español de alta traición.
El propio Parlamento Europeo reflejó en aquel mismo momento que "toma nota de que la Red Europea de Cooperación Electoral está catalogando la financiación extranjera en los Estados miembros de la Unión y manifiesta su interés en que se le informe de estos trabajos", a la vez que "pide que se prohíba la financiación extranjera procedente de países no pertenecientes a la Unión".
Por todo ello, la Red Europea de Cooperación Electoral pidió a los "Estados miembros [por supuesto también España y más tras citar el caso de Cataluña] que aborden con carácter urgente la cuestión de las donaciones procedentes de terceros países a partidos políticos nacionales, con el fin de colmar las lagunas existentes en su legislación".
Hay que recordar que ahora el PSOE y el separatismo cargan contra la labor del juzgado de Joaquín Aguirre por sus investigaciones del caso Voloh. Y eso que el juez cuenta con informes y testificales que prueban que Junts y Rusia pactaron un sistema de "recursos monetarios" que evitase "las acciones de control", como destaca la documentación judicial a la que ha tenido acceso Libertad Digital.
El juez Aguirre cuenta igualmente con documentos que prueban el deseo de la Generalidad catalana de estirar el Instituto Catalán de Finanzas para convertirlo en dos cosas: la primera se conocía ya por las investigaciones del 1-O y no era otra cosa que hacer nacer del Instituto el futuro Banco Central de la pretendida república catalana. La segunda es la que desvela la coordinación del plan separatista con Rusia: convertir esa institución en el mecanismo de blanqueo de fondos rusos.
Por si fuera poco, esa misma documentación ha probado viajes a Rusia de enviados de Junts y encuentros con enviados rusos incluso en la residencia oficial de Carles Puigdemont en Barcelona. Y todo ello puede ser simplemente el anticipo de las pruebas por llegar. Porque, como explica el propio juez, "la abundante documentación administrativa adjunta (decenas de miles de folios)" se encuentra aún sin "revisar". Es decir, que el caso Voloh puede convertirse en todo un extenso testimonio del grado de intromisión de Rusia en el separatismo catalán.