Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno con Pedro Sánchez y exministra de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero, será designada este martes por el Gobierno como nueva presidenta del Consejo de Estado.
Hasta este momento, Calvo era diputada del PSOE por Granada. Este lunes, ha oficializado la entrega de su acta para poder tomar posesión en breve de su nuevo cargo por el que cobrará 86.000 euros anuales.
El nombramiento de Calvo viene después de que el Supremo anulase el de la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, al frente de este órgano consultivo por no reunir el requisito legal de "jurista de reconocido prestigio".
El Ejecutivo acepta al final la decisión, pese a que la Abogacía del Estado llegó a interponer un recurso que fue desestimado. Al igual que con Valerio, Moncloa vuelve a optar por alguien que ha estado bajo las órdenes del actual presidente pero con una diferencia: Calvo es catedrática de Derecho Constitucional. Lo que invalidaría otra querella por no acogerse al principio de "jurista de reconocido prestigio que exige la ley".
Tras el breve paso de Valerio por el Consejo de Estado, Calvo llega para relevar a otra vicepresidenta: María Teresa Fernández de la Vega, que fue designada en 2018 y que estuvo al frente del órgano hasta 2022. La ex número dos de Zapatero todavía sigue en el Consejo pero ahora como miembro permanente de la institución, al igual que otra ministra que estuvo en el Ejecutivo a la par que Calvo: María Luisa Carcedo.
Un decisión controvertida
El Gobierno acata la decisión del Supremo pese a que, en su momento, llegó a abrir la puerta a incumplirla. Tampoco gustó que fuese la Fundación Hay Derecho la que querellase y recurriese el nombramiento de Valerio acogiéndose que no era "una jurista de reconocido prestigio" como exige la ley.
El Ejecutivo llegó a criticar que una "entidad privada" cuestionase sus nombramientos y justificó su designación basándose en la "larga trayectoria" de Valerio, que, además de ministra, fue consejera del Gobierno de Castilla la Mancha.
Pese a que el Gobierno utilizó a la Abogacía del Estado para recurrir la sentencia, el Supremo volvió a desestimar el recurso y dio de nuevo la razón a la Fundación. Ahora, Moncloa acepta la decisión judicial pero nombra de nuevo a alguien afín y que ha estado bajo las órdenes del actual presidente.