Desde que se conocieran las reuniones de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con algunos de los comisionistas de la trama Koldo, Moncloa ha levantado un muro informativo para evitar que el escándalo salpique al presidente. Incluso han reducido los turnos de preguntas en las ruedas de prensa para eludir cuestiones incómodas.
Sólo ha habido dos declaraciones públicas. La de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, reconociendo que el trabajo de la mujer del presidente es "verse con empresarios" y la de la portavoz del PSOE, Esther Peña, asegurando que había "mala baba" en las informaciones que relacionaban a Gómez con el rescate de Air Europa en plena pandemia.
Sólo patrocinios
De ahí, el hermetismo en un asunto que molesta al Gobierno. En el entorno del líder del PSOE reconocen, por primera vez, que existieron esos encuentros pero los enmarcan en actos "de patrocinio" del Instituto de Empresa África Center, aunque lo desligan del rescate de la compañía aérea.
Incluso creen que su versión está acreditada por las informaciones en las que, pese a mostrar una coincidencia temporal entre las ayudas gubernamentales y los patrocinios, no pueden demostrar lo que se trató a puerta cerrada entre el responsable de Globalia, Javier Hidalgo, y Begoña Gómez. "Especulaciones", sentencian en el entorno socialista
Denuncia por incompatibilidades
Pero en el PP han olido sangre con este tema y han presentado una denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses para que determine "la responsabilidad del presidente del Gobierno por no ausentarse de los Consejos de Ministros que tomaron decisiones favorables a una compañía que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez".
Una actitud, la de Sánchez, que contrasta con lo que sucedía con otros altos cargos como la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que se salía de la sala donde se celebraban los consejos cada vez que se trataba un tema que afectaba a Telefónica, donde trabajaba su marido.
En el Gobierno creen que la denuncia "no tendrá ningún recorrido" y acusan al partido de Feijóo de hacer "una interpretación torticera de la ley". Incluso sentencian que "la ley es muy clara donde hay incompatibilidades" y añaden que sólo obliga a la abstención "en el caso de que un familiar ocupe un puesto directivo".
Lo que no cuentan es que ley de incompatibilidades es más extensa y, en otro artículo el 11.b, la norma asegura que un "un alto cargo está incurso en conflicto de interés cuando la decisión que se vaya a afectar afecte a intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge".
Más duros son en Ferraz donde afirman que "ya hay una denuncia de este caso de un ciudadano anónimo en términos similares a los del PP y no se ha admitido a trámite". Aunque el nerviosismo queda acreditado cuando tildan la denuncia de "pérdida de tiempo y de recursos de una institución pública".
Lo cierto es que denunciar al presidente ante la Oficina de Conflicto de intereses, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, es sólo el primer paso ya que la decisión puede ser recurrida ante el Supremo y le podría costar a Sánchez una inhabilitación "de 5 a 10 años".