Era noviembre del 23 cuando se registró la proposición de ley de amnistía en el Congreso. Iba de urgencia. Seis meses desde entonces dan idea de lo complejo del proceso. Vetos, protestas, retoques, han complicado una ley que definen tres ideas básicas: perdona TODOS los actos (léanse delitos) para promover la independencia, cometidos durante TODO el tiempo de lo que llamamos el procès (incluidas las dos consultas ilegales), a TODOS los implicados en ellos. Puigdemont, Junqueras, Tirull, Rovira... es decir, los conocidos más los doce CDR imputados por terrorismo, mas los 10 de Tsunami promotores de los más graves disturbios. Blindar y universalizar la ley ha sido, de hecho, la causa principal de su retraso.
El texto final perdona el terrorismo que no suponga "violación grave de derechos humanos". Perdona la tortura y la traición en versiones light. También la malversación si no es para "enriquecimiento propio". Junqueras - inhabilitado por malversación hasta el 2031- confía en que esto le deje limpio. Su futuro, sin embargo, depende de que el Supremo también lo interprese así. Y sí, la pregunta del millón: ¿Qué pasa con Puigdemont? Tiene pendientes las causas de Llarena y la del terrorismo abierta por otra jueza. Se supone que es terrorismo del amparado por la amnistía. Y le protege el apartado que prohibe decretar cautelares en caso de recurso. Pero aún así, sus abogados no ven garantía total en caso de regreso. Es decir, sigue sin estar claro.