El fiscal de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, ha lanzado esta mañana dos propuestas para perseguir supuestos delitos de odio en redes sociales, a raíz de los mensajes publicados en X por el asesinato del niño de 11 años en Toledo, especulando primero si el asesino sería extranjero, y señalando en algunos casos a familiares del pequeño. Aguilar ha dicho en la Ser en pretenden acabar con el anonimato de los usuarios y se estudia penalizar a quienes difundan estos mensajes impidiéndoles el acceso a redes por un tiempo.
Una propuesta que el PP ve con buenos ojos, según ha asegurado esta mañana el portavoz adjunto del partido en el Senado, Antonio Silván, al ser preguntado en rueda de prensa por los medios. "Es de sentido común", ha dicho, asegurando que las medidas encaminadas en ese sentido "serán apoyadas por el PP". "El anonimato no puede servir en ningún caso para hacer declaraciones que con nombre y apellido no harías", ha recalcado.
"Cualquier medida que trate de atajar, atenuar, disminuir y suprimir esos planteamientos, a través de cualquier medio, serán apoyados y bien recibidos por el PP", ha repetido Silván ante la insistencia de la prensa, descartando eso sí un posible apoyo de la formación al Plan de Regeneración Democrática anunciado por Pedro Sánchez antes del verano, y que todavía no ha concretado. En su lugar, el senador se ha remitido al Plan propuesto por Alberto Núñez Feijóo.
El debate sobre el control de las informaciones en redes sociales se solapa con el ataque a medios de comunicación que protagoniza el Gobierno desde hace tiempo, especialmente a raíz del caso Begoña Gómez, que Pedro Sánchez califica de "bulo de la ultraderecha" o "fango", acusando a la prensa que informa sobre este asunto de ser "pseudomedios financiados por el PP" que forman parte de la "fachosfera".
Ataques que se completan con el señalamiento a jueces y tribunales que llevan a cabo miembros del Gobierno, incluido el presidente, por investigar a su mujer y a su hermano, como hicieron recientemente los ministros de Justicia y Transportes, Félix Bolaños y Óscar Puente. Una persecución que se consumaría en la ley anunciada por Sánchez en el Congreso de los Diputados, con la excusa de aplicar la nueva normativa europea sobre medios.