El Gobierno utiliza a Europa y a la CNMC de coartada para imponer un régimen sancionador a los medios

Este martes, el Consejo de Ministros daba luz verde a la creación de un registro de medios de comunicación que dependerá de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El objetivo, según Óscar López, ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, es "regular la propiedad de los medios y también la publicidad institucional que reciben esos medios".

Según este anteproyecto de ley, aprobado en primera vuelta, serán los propios medios de comunicación quienes deberán actualizar la información del registro, incluyendo cualquier cambio accionarial o la cantidad de publicidad institucional que reciben cada año. A cambio, serán considerados oficialmente como "medios de comunicación" y deberán someterse a un régimen sancionador. "Habrá unas obligaciones", advierten desde el Gobierno donde elogian el funcionamiento del CAC (Consejo Audiovisual de Cataluña)

Más allá de la directiva

La CNMC será la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa, lo que implicará un cambio en el Estatuto orgánico de esta institución. Desde el Gobierno aseguran que se basan en la transposición de una directiva comunitaria. El problema es que el "Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación" no contempla ninguna sanción ni medida coercitiva aunque el artículo 6 de la directiva comunitaria sí habla de la creación de una base de datos nacional sobre la propiedad de los medios de comunicación

En el Ministerio de Transformación Digital se defienden y aseguran que "los Estados miembros deben garantizar el cumplimiento de los Reglamentos europeos mediante sanciones efectivas", aunque dichas medidas punitivas no están especificadas en los propios reglamentos. Fuentes del Ejecutivo aseguran que todavía es "prematuro" para conocer las multas porque el anteproyecto de ley sólo ha pasado la primera vuelta.

Tras pasar por el Consejo de Estado, la norma volverá al Consejo de Ministros para darle luz verde en segunda vuelta y de ahí será remitida al Congreso. Algunos partidos como ERC ya han propuesto multas de "100.000 euros por cada mentira", como dijo su portavoz parlamentaria, Gabriel Rufián, durante una sesión de control a Pedro Sánchez.

La directiva comunitaria no determina qué es una mentira. Sólo en el texto, en el artículo 19, hay una mención a la desinformación y a la manipulación y la vincula con "injerencia por parte de agentes extranjeros" y pide a los países que hagan "un seguimiento". El resto de la normativa europea insta a los Estados miembros a velar por la pluralidad, la independencia y a evitar la concentración de medios. Lo que se deduce, más bien, que podría haber apercibimientos a los Estados por in vigilando.

En el artículo 23 se menciona que tanto el organismo nacional como la Comisión Europea "harán públicos los dictámenes" para evitar una concentración de medios que debería ser inferior al 27%. Algo que España incumpliría ya que las licencias de las dos grandes empresas de televisión (Mediaset y Atresmedia) superan el 30%.

En la mente del Gobierno también está cambiar la Ley General de Comunicación Audiovisual para regular la figura de los influencers, aunque podría haber más modificaciones. Esta norma incluye diversas sanciones y "prohíbe contenidos que promuevan discursos de odio, discriminación o violencia". Ya con anterioridad intentaron que el órgano que canalizase las sanciones fuese la CNMC a instancias de esta norma.

Cambios en la CNMC

La reconversión de la CNMC en un Consejo Audiovisual se produce a la vez que se está politizando el organismo, pese a que al frente sigue la experta en competencia Cani Fernández. Durante este pasado mes de diciembre se nombraron 5 nuevos consejeros. Entre ellos, Pere Soler Campins, que era el director de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum ilegal del 1 de Octubre de 2017. Aunque terminó absuelto en el juicio del 1-0 -al igual que Josep Lluis Trapero. Su nombramiento se interpretó como un guiño a ERC y Junts.

En la CNMC también entró Ángel García Castillejo, profesor de periodismo en la Carlos III y que, hasta ese momento, era director de Políticas Audiovisuales, Servicio Público e Internacional de la Corporación Radio Televisión Española. Lo que ya anticipaba una reconversión del órgano que vigila la competencia en un organismo audiovisual.

Este catedrático tiene en su haber diversos textos proponiendo un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Una de estos textos lo realizó para la Fundación Alternativas, un think thank del PSOE. En el texto pedía que este órgano se encargase de la "asignación de frecuencias" o "funciones de carácter regulador y disciplinario o de sanción" pudiendo "llegar, en su caso, a suponer la retirada del título habilitante al radiodifusor sancionado". García Castillejo aseguraba en sus textos que las sanciones se podrían aplicar por incumplir la falta de pluralidad política, lingüistica o la falta a los principios constitucionales.