El Partido Popular llevará su choque contra la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, hasta las últimas consecuencias y denunciará la próxima semana ante el TC el veto a las enmiendas aprobadas en el Senado que la Mesa del Congreso, cumpliendo órdenes del Gobierno, decidió eliminar sin ni siquiera ser debatidas en el Pleno. Lo hizo en contra, incluso, del criterio del Letrado Mayor de Cortes, nombrando por el propio Ejecutivo.
"El Reglamento es papel mojado", "es pisoteado", "hasta a los Letrados socialistas se les socava", ha criticado la secretaria general, Cuca Gamarra, en la segunda jornada de la XXVII Interparlamentaria que el partido celebra en Sevilla, donde se dan cita más de 500 cargos entre diputados nacionales, autonómicos y europeos. "Utilizaremos todos los instrumentos a nuestro alcance para pararles, no nos quedaremos quietos", ha advertido, poniendo en valor tanto a la legislación nacional como a la europea.
El partido presentará cuatro recursos: uno de amparo y otro de inconstitucionalidad en el TC, además de promover en el Senado dos conflictos de atribuciones con el Congreso, y contra el Gobierno, que deberá dirimir también el tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido, contra el que ha arremetido Gamarra. "No aceptamos tics autoritarios ni islas de impunidad", ha dicho la secretaria general del PP, en referencia a su intento de frenar el recurso de la Audiencia de Sevilla ante el TJUE por la sentencia de los ERE.
El PP recurre al TC como "paso previo a ir a Europa", según trasladan fuentes del partido, que admiten la parcialidad de esta institución a la que "respetan" pero que está en tela de juicio desde que lo preside Pumpido, dada su alineación con el Gobierno. "¿Por qué tiene miedo a la Justicia europea? ¿por qué se ha puesto tan nervioso?", preguntaba Gamarra de forma retórica tras las maniobras del presidente del TC contra la Audiencia de Sevilla.
El fallo del TC sobre los ERE enmendaba la plana al TS y absolvía a los principales condenados en un decisión insólita en nuestro país que supuso un choque entre la máxima instancia judicial de España y el Constitucional. Algo similar a lo ocurrido con la Ley de Amnistía, que trajo también un conflicto institucional entre el Congreso y el Senado sin precedentes. "Se trata de que una de las Cámaras se defienda de la otra y del Gobierno", explican desde el PP, destacando la gravedad de lo ocurrido con el veto a las enmiendas del Sentado.