El Congreso ha aprobado con 179 a favor y 170 en contra, el Real Decreto que modifica la Ley de Extranjería para reubicar unos 4.400 menas que están en Ceuta, Melilla y, sobre todo, en Canarias. El texto ha salido a favor con los votos de la mayoría de la investidura gracias a un pacto entre el Gobierno y Junts. El partido separatista ha celebrado el acuerdo, del que Cataluña apenas recibirá menas, porque "no tiene sentido traer un menor de un sistema colapsado a otro tensionado cuando hay otras que tienen más camino", según ha afirmado su portavoz, Josep María Cervera que ha hablado del "esfuerzo" de la acogida.
Los de Puigdemont han presumido de "encarar sin miedo" el debate sobre la inmigración y "las consecuencias injustas que padecemos". "Y a riesgo de que algunos nos etiqueten gratuitamente", ha asegurado el diputado de Junts que ha defendido el voto favorable de su formación y ha recordado que, además, ha pactado la cesión de las competencias de inmigración que todavía está pendiente de aprobarse.
De acuerdo con este planteamiento que lleva aparejado este Real Decreto, la Comunidad de Madrid acogería a más de 700 menores, aproximadamente, mientras que Cataluña solo recibiría unos 20. Algo que el ministro de Político Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido porque hay comunidades "que hay comunidades que han hecho más esfuerzo en atender a esos niños que a otros" pero ha argumentado que no hay ninguna comunidad beneficiada y que "los números que salen y surgen son objetivos".
Torres ha respondido a los líderes autonómicos que han planteado la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, entre ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestionando la viabilidad de dicha vía. "¿Cuál es la alternativa?", ha inquirido el ministro.
El Gobierno ha adelantado su intención de iniciar el reparto de menores migrantes no acompañados a partir de este verano. Como paso previo, ha convocado la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para el próximo 28 de abril, en la que, según ha indicado la ministra Sira Rego, se presentarán los criterios definidos por el Ejecutivo central para la redistribución de los menores. En este contexto, la ministra ha criticado a los gobiernos autonómicos del Partido Popular por "no haber facilitado los datos de las plazas de acogida", calificando esta omisión como un incumplimiento de su "obligación de colaboración institucional"
¿Tensión en las comunidades del PP?
La distribución de menores inmigrantes no acompañados agrava aún más la frágil relación entre el Partido Popular y Vox en las comunidades autónomas. La formación liderada por Santiago Abascal mantiene una postura inflexible: rechaza acoger a estos menores como condición previa para sentarse a negociar los presupuestos autonómicos con los populares. En esta línea, Vox reitera su exigencia de repatriar a los menores a sus países de origen, rechazando cualquier fórmula de acogida. La portavoz parlamentaria del partido, Pepa Millán, ha calificado el actual sistema de distribución como "un reparto de miseria, inseguridad y degradación que ningún español merece padecer".
La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, quien ha votado a favor junto a la mayoría de la investidura ha reprochado que algunos grupos parlamentarios hayan limitado el alcance del decreto ley a una mera "ayuda a Canarias", subrayando que la crisis migratoria constituye, en realidad, "un asunto de Estado" que requiere una respuesta estructural y compartida por el conjunto del país.
Esta aprobación configura un escenario político muy distinto al de hace más de nueve meses, concretamente el 23 de julio, cuando la proposición de ley presentada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria no logró superar su toma en consideración al no contar con el respaldo de los siete diputados de Junts. Esta formación, según ha denunciado en el hemiciclo el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, ha intentado condicionar su apoyo a cambio de un acuerdo específico que reconozca una "política migratoria exclusiva" para Cataluña que solo recibirá entre 20 y 30 menores inmigrantes pero, al final, UPN ha decidido abstenerse.