La UDEF certifica que la adjudicación de Aznalcóllar que salpica a Montero tuvo "anomalías" y "desviaciones grotescas"

El caso de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar puede convertirse en otro quebradero de cabeza para el PSOE y, en concreto, para María Jesús Montero. La Audiencia de Sevilla acaba de dar el banderazo de salida a este macrojuicio por posibles delitos en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar. El principal acusado es Vicente Fernández Guerrero, el que fuera responsable de la licitación en la Junta socialista de Andalucía y que, más tarde, pasó a ser elegido por María Jesús Montero como presidente de la SEPI. Él está acusado de prevaricación en una adjudicación de 18.000 millones de potencial explotación minera y Montero lo defendió a capa y espada y hasta mantuvo su plaza sin ocupar en la presidencia de la SEPI a la espera de poder recuperarlo durante la instrucción del escándalo. Pues bien, ahora, una testifical de uno de los agentes de la UDEF que han investigado el caso ha certificado "anomalías" y hasta "desviaciones grotescas" en la adjudicación.

La lista de presuntos delitos del caso es amplia: prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a Minorbis -una empresa recién creada con 3.000 euros de capital social- pero en alianza con Grupo México. Y Minorbis pertenece al grupo andaluz Magtel cuyos máximos responsables gozan de una muy buena relación directa con Fernández Guerrero, el responsable de la licitación.

"Incongruencias y anomalías"

Y en medio de ese contexto, uno de los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha confirmado el hallazgo de "incongruencias y anomalías" en las valoraciones técnicas de las ofertas presentadas a la adjudicación. Es más, ha llegado a hablar de "una desviación grotesca del sentido" de uno de los baremos tomados como referencia.

El agente ha comparecido como perito y testigo. Y ha certificado y explicado lo descubierto y plasmado en su informe judicial a raíz de la denuncia presentada por el resultado de la licitación de la mina por la Junta de Andalucía. Y ha afirmado que detectaron "anomalías" en las "valoraciones" efectuadas por los funcionarios para seleccionar una de las dos ofertas en disputa por los derechos de explotación de la mina. Según su testifical, descubrieron que uno de los motivos de la mejora de la valoración se debió a una "subdivisión" del examen por criterios de localización. También ha confirmado que la oferta de la ganadora presentaba una "problemática" al no solventar el riesgo de una posible "inundación" que podía acabar en "la muerte de todos los mineros". Y todo ello no evitó el dictamen de entrega de la adjudicación a la sociedad más pequeña y recién creada.

Prevaricación

Hay que recordar que Fernández Guerrero fue elevado a la presidencia de la SEPI por Pedro Sánchez y Montero entre junio de 2018 y octubre de 2019. Traducido: era la opción prioritaria para ese cargo del Gobierno de Pedro Sánchez. Y lo era tras arrastrar indicios más que notables de prevaricación en una grandísima adjudicación como la de la mina de Aznalcollar. La SEPI hay que recordar que ha sido decisiva en todos los rescates del covid, como en el caso de Air Europa.

Un auto de la Audiencia Provincial de Sevilla del 26 de septiembre de 2019 señaló para colmo lo siguiente: "La Sala Acuerda: Estimar íntegramente el recurso de apelación formulado por la representación de Emérita Resources España SLU contra el auto de sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla de fecha 11 de marzo de 2019, el cual revocamos por los razonamientos precedentes ordenando la reapertura de las actuaciones para la completa y definitiva investigación de los delitos por los que se instruye la presente causa […] ordenando que se reciba declaración en calidad de investigados a don Isidro y a don Mario López Magdaleno, a don Vicente Cecilio Fernández si aun no se le hubiere recibido, y que por la Junta de Andalucía se informe a través de la UCO de los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y la Comisión Técnica tres meses antes de comenzar el procedimiento de licitación y los puestos que desempeñaron tras el mismo […], siendo aconsejable que se practique la misma diligencia respecto del que fuera el Secretario de la Consejería de Innovación D. Vicente Cecilio Fernández Guerrero, debiendo practicarse cualquier otra diligencia de interés para el esclarecimiento de los hechos, con declaración de oficio de las costas causadas".