La Ley para prohibir la Fundación Franco abre la puerta a disolver partidos políticos por motivos ideológicos

La Ley del Gobierno para prohibir la Fundación Franco aprobada por el Congreso, con el voto en contra de Vox y la abstención del PP, ha llegado al Senado, donde los letrados alertan de su inconstitucionalidad por tratarse de una norma ad hoc contra una asociación, lo que vulnera derechos fundamentales. Pero no sólo eso, abre la puerta a la disolución de partidos políticos por motivos ideológicos.

Según recoge el informe esta norma "se podría aplicar a cualquier régimen, del signo que sea, a elección de las Cortes en cada momento, o, lo que es más grave, a cualquier adversario político del momento. Incluso, podría pensarse, constituye una causa de disolución de todo tipo de asociaciones, también, por qué no, los partidos políticos, al margen de las causas tasadas y del procedimiento establecido en su ley reguladora".

Las consecuencias, por tanto, son de suma gravedad ya que crea un posible armazón jurídico para disolver partidos por cuestiones ideológicas, lo que podría provocar que el Ejecutivo, más en concreto las Cortes, actúen contra el PP o Vox por ser "adversarios políticos". La Ley de Partidos Políticos es la única que regula esta competencia, exclusiva de un juez, y que tiene por objetivo perseguir a formaciones que hagan apología del terrorismo, como ocurrió con la ilegalizada Batasuna. Una norma que fue avalada por el TC.

Una Ley al margen de la legalidad

La nueva Ley "puede constituir una causa de disolución de partidos políticos (al ser estos un tipo de asociaciones) al margen de lo establecido en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio de Partidos Políticos, que sí prevé un régimen especial, que cumple con todas las garantías constitucionales, y que ha sido avalado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", recoge el informe de los letrados de la Cámara Alta.

Fuentes parlamentarias trasladan que el PP dará trámite a la norma en la Mesa del Senado, a pesar de sus graves implicaciones, ateniéndose al precedente de la Ley de Amnistía que fue tramitada por el riesgo de que el Gobierno les denunciara por prevaricación, lo que motivó un choque institucional sin precedentes. En este caso, los populares procederán de la misma manera ya que, advierten, si el Senado no presenta enmiendas la norma quedaría aprobada de manera automática, con el riesgo añadido de estar saltándose la ley.

El informe de los letrados del Senado advierte de que la Ley contra la Fundación Franco puede contradecir hasta cinco artículos de la Constitución: el 14, 16, 20 y 22 y 25 que consagran, respectivamente, el principio de igualdad ante la ley, las libertades ideológica, de expresión y el derecho de asociación, y el derecho a la legalidad en los procedimientos sancionadores. "Todos ellos con carácter de derechos fundamentales y con el máximo grado de protección constitucional según dispone el artículo 53 de la Norma Suprema".