La elección de García Ortiz de fiscales afines fue maquinada por Sánchez en el Plan de Regeneración Democrática

Álvaro García Ortiz, el fiscal general imputado, reaccionó este pasado martes eligiendo a dos fiscales de sala progresistas para que limiten la capacidad de actuación de la Fiscalía Anticorrupción, la que avala a Víctor de Aldama como testigo para que siga dando información del caso PSOE-Koldo. Los dos fiscales tendrán la capacidad de interpretar delitos como los imputados al propio García Ortiz o a cargos del PSOE. Es más, el fiscal general imputado también ha colado al fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso en esa misma Fiscalía Anticorrupción. Pues bien, el jaque del imputado García Ortiz no parece venir de él: fuentes fiscales señalan que se ha generado "en el marco del Plan de Regeneración Democrática" de Pedro Sánchez. Traducido: el golpe de García Ortiz prueba, una vez más, su teledirección por parte del Gobierno.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, informó ayer al Consejo Fiscal de siete propuestas de nombramiento, entre ellas las de los fiscales de Sala de las Unidades Especializadas de Violencia contra la Mujer, Seguridad Vial, Delitos Económicos y Delitos contra la Administración Pública.

"Estas dos últimas Fiscalías de Sala han sido creadas en el marco del Plan de Regeneración Democrática, aprobado por el Gobierno en septiembre de 2024", señalan fuentes fiscales. La versión oficial ni siquiera lo niega, simplemente añade que, efectivamente, proceden de ese "marco", pero se plantean para "reforzar la lucha contra la corrupción de manera complementaria a la Fiscalía Anticorrupción, una Fiscalía Especial que se ha convertido en un referente". Un versión oficial un tanto surrealista puesto que esa especialización se le quita a la propia Anticorrupción a la que alaba y tacha de "referente".

"La especialización en el Ministerio Fiscal es un instrumento muy eficaz en la lucha contra diversos fenómenos delictivos, lo que redunda en beneficio de los derechos de víctimas y perjudicados. Por ello es imprescindible continuar con la especialización de la carrera fiscal para mejorar la eficacia en la respuesta a los delitos que socavan el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas, principalmente el fraude a la Hacienda Pública y la corrupción pública", asegura la Fiscalía de forma oficial.

Crítica a la Fiscalía Anticorrupción

Pero lo cierto es que el Gobierno ya ha mostrado su crítica más absoluta por el comportamiento de la Fiscalía Anticorrupción, que ha decidido investigar los casos de corrupción que rodean al Gobierno y PSOE y dar voz a Víctor de Aldama para que aporte toda la información posible sobre estos casos. Así, los fiscales de sala al frente de estas dos nuevas unidades especializadas coordinarán las actuaciones de los fiscales especialistas en todo el territorio nacional y unificarán los criterios de actuación, como los demás fiscales de sala de unidades especializadas que ya existen en la Fiscalía española. Al igual que éstos, y a diferencia de los fiscales Anticorrupción, no tendrán competencia jurisdiccional. Es decir, que arrebatan esas parcelas de interpretación a la Fiscalía Anticorrupción, la entidad que ha decidido investigar los citados casos. Y esas pacerlas afectan a esos casos y al del propio fiscal general imputado.

Para las dos nuevas Fiscalías de Sala, el Fiscal General ha propuesto el nombramiento de Fernando Rodríguez Rey, de la progresista UPF, como Fiscal de Sala Coordinador de Delitos Económicos, y Emilio Jesús Sánchez Ulled, también de la progresista UPF, como fiscal de Sala Coordinador de Delitos contra la Administración Pública.

Fernando Rodríguez Rey, fiscal de Sala Delegado de Delitos Económicos desde 2022, pasará a estar al frente de una Unidad Especializada que contará además con dos fiscales adscritos y fiscales especialistas en todo el territorio.

Propuestas de nombramientos

Emilio Jesús Sánchez Ulled es fiscal desde 1994. En la actualidad se encuentra en servicios especiales ya que desde junio de 2017 es consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas. Desde 2005 hasta 2017 fue fiscal Delegado de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y de 2000 a 2002 fue designado como Experto Nacional de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) en Varsovia (Polonia).

Pero, además, el fiscal general imputado informó también al Consejo Fiscal de las propuestas de nombramiento a distintas plazas en las Fiscalías del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (dos plazas). Para la Fiscalía Anticorrupción los propuestos son Elisa Lamelas Oliván y Diego Lucas Álvarez. Y Lucas es el fiscal del caso del novio de Díaz Ayuso.