La patronal catalana se subleva contra Illa y le acusa de atentar contra la propiedad privada

Foment del Treball, la principal patronal catalana, insta a rebelarse contra el gobierno de Salvador Illa por sus políticas, económicas y fiscales. Según el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, las medidas aprobadas en materia de vivienda y urbanismo por parte del ejecutivo autonómico "representan desde el punto de vista jurídico y económico el ataque más grande contra la propiedad privada y la libertad de empresa que se ha producido en España desde la restauración democrática".

Ante esa situación, la patronal ha decidido emprender una campaña de contactos con todos los partidos políticos del Parlament para proponer "mejoras y correcciones". "La patronal catalana quiere promover una reacción política e institucional para restablecer el respeto a derechos fundamentales como son los derechos a la propiedad y el derecho de empresa", señala un comunicado emitido por Foment.

En la misma línea que la nota pero de manera más contundente, Sánchez Llibre ha señalado que las medidas patrocinadas por Illa y sus socios de ERC y los Comuns "lejos de corregir disfunciones del mercado, criminalizan la propiedad privada, bloquean la libertad de empresa y erosionan la seguridad jurídica. Más allá de ajustar la propiedad a su función social, la socializa. Mas allá de ser medidas contrarias en la Constitución y el ordenamiento jurídico, constituyen un grave error: son inútiles y empobrecedoras. Atentan contra la prosperidad".

La patronal atribuye a la aritmética parlamentaria la "agenda del presidente Salvador Illa", de la que critica su "fuerte componente intervencionista y carente del más elemental ejercicio de diálogo con los sectores donde aplica sus medidas".

"Asfixia premeditada sobre el empresario"

También denuncia la "asfixia premeditada sobre el empresario en Cataluña" y pone dos ejemplos: "la duplicación de la tasa turística o la reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP). Si se multiplica por dos el gravamen del ITP con tipos confiscatorios del 20%, se hace todavía más difícil la transmisión del bien y por tanto el acceso a la vivienda. Constituye de facto una pena económica encubierta a los propietarios que optan por no alquilar sus inmuebles, sino venderlos".

La organización empresarial catalana arremete contra el decreto aprobado el pasado 9 de abril con los votos del PSC, ERC, CUP y Comuns sobre los alquileres de temporada y de habitaciones y también contra el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo que prepara el gobierno de Illa al dictado de sus socios.

Al respecto señala que "entre un 20% y un 25% del precio final de una vivienda es coste fiscal, incluyendo los impuestos estatales, catalanes y municipales, que con este nuevo gravamen se incrementará por encima del 25%. Si las administraciones realmente quisieran incidir en el precio de la vivienda solo haría falta que redujeran este porcentaje, aunque solo fuera una parte".

Además, los empresarios se quejan de que "en 15 años, se han registrado 47 cambios normativos solo contando leyes, decretos leyes y real decretos leyes. Esta telaraña normativa asusta la inversión y la entrada de capital extranjero, además de paralizar proyectos de construcción de vivienda".

"Violación del derecho de propiedad"

En su comunicado, Foment denuncia que "hay una violación flagrante del derecho de propiedad cuando se plantea la limitación del aprovechamiento económico: Los controles de alquiler impuestos en zonas tensionadas hacen imposible obtener una rentabilidad justa, y proporcional con el valor de la vivienda, por parte del propietario. Además, la nueva regulación del alquiler de temporada convierte automáticamente muchos contratos legítimos en viviendas permanentes, con la consecuente imposición de límites y obligaciones. Es más, la Administración además se quiere asegurar el derecho de tanteo y retracto universalizado y arbitrario, aplicable a cualquier transmisión en zonas tensionadas".

A modo de conclusión, la patronal tacha la política de Illa y sus socios de "populismo legislativo incompatible con la economía social de mercado".