PP y Vox mantienen contactos para impedir que Sánchez logre oficializar el catalán en la UE

El Gobierno de Pedro Sánchez ha pisado el acelerador para volver a ganarse el favor de Carles Puigdemont y aspira a hacer efectivo el pago acordado a cambio de la investidura. A la espera de la sentencia que pueda emitir el TC de Cándido Conde-Pumpido sobre la amnistía, otro de los compromisos adquiridos fue lograr que el catalán sea lengua oficial en la UE. Algo que se debate este martes en el Consejo de Asuntos Generales.

Se trata de un órgano que reúne a los 27 países miembros para debatir propuestas dispares que no tienen una temática concreta. Lo habitual es que las iniciativas presentadas por los Estados obtengan el visto bueno casi de manera automática, ya que no se produce una votación al uso, sino que es necesario el voto negativo de uno de los países miembro para frenar la propuesta. Esta es la vía que ha encontrado el Gobierno de Pedro Sánchez para "colar" el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas.

Si PP y Vox no hubieran tenido conocimiento de esta artimaña con anterioridad, podría haber obtenido el visto bueno de Europa sin que nadie se hubiera apenas percatado. Sin embargo, la semana pasada ambos partidos se dieron cuenta de la jugada y empezaron a trabajar para intentar frenar las aspiraciones de Sánchez, "que sólo busca mantenerse en el poder utilizando para ello a las instituciones europeas", señalan ambas formaciones.

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, desveló este lunes en rueda de prensa que el PP se puso en contacto con ellos para que recurrieran a sus aliados internacionales en Italia, Georgia Meloni, y en Hungría, Viktor Orban, con el objetivo impedir que prospere la propuesta. En paralelo, los de Alberto Núñez Feijóo han mantenido también interlocución con otros países gobernados por miembros del PPE, aunque desde la dirección evitan confirmar con cuáles. Confirman, eso sí, que "hacemos lo que debemos en favor del país".

PP y Vox se ponen en contacto

Según ha podido saber Libertad Digital, eurodiputados de PP y Vox se pusieron en contacto para intentar aunar fuerzas y recurrir a la diplomacia, por separado, para frenar las aspiraciones de Pedro Sánchez. Aunque ninguno confirma qué miembros de ambos partidos han mantenido interlocución, en anteriores ocasiones el PP ha hablado con integrantes de la fundación Disenso para acercar posturas. Se da la circunstancia de que su director, Jorge Martín Frías, es también miembro del Parlamento europeo, al igual que la directora de Reformismo 21, Alma Ezcurra.

Si la propuesta del Gobierno obtiene el visto bueno, el catalán, y también el euskera y el gallego, pasarían a poder ser utilizadas en las instituciones europeas, con un coste superior a los 100 millones de euros que España se ha comprometido a asumir para intentar que prospere. El Ejecutivo tiene muy complicado que esta oficialidad se apruebe ya que se necesita unanimidad y países como Finlandia son recelosos porque crearía un precedente para oficializar más lenguas regionales, lo que dispararía el coste de traducción que ya es de 1.123 millones.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no estará en Bruselas y será el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, el encargado de representar a España. En previsión de que pueda producirse una derrota, no se descarta que en el último momento España retire la propuesta del orden del día y ni siquiera sea debatida.

Albares se vuelca para satisfacer a Puigdemont

Fuentes de este ministerio aseguran que se "trabaja con todos los Estados miembro para que la redacción final del documento resuelva cualquier duda que puedan tener". Algo que el propio ministro ha defendido este lunes durante una comparecencia con su homólogo alemán, Johann Wadephul, en la que ha asegurado que se volcarán hasta el último momento "para incluir cualquier cosa" que facilite su visto bueno.

Las presiones que estaría ejerciendo el Gobierno español han saltado a la prensa internacional. En una noticia publicada por el Financial Times se asegura que "España está amenazando a sus aliados comunitarios en una apuesta para forzarles a dar apoyo al reconocimiento de lenguas minoritarias". Entre esos países cita a los Bálticos donde se estarían "cuestionando el despliegue de sus tropas en los estado del Este".

Esto afectaría a Lituania, donde España tiene varios F-18 dentro de la misión de Policía Área del Báltico, una de las misiones más importantes para la defensa colectiva de la OTAN. Fuentes de Exteriores responden al diario británico asegurando que "el compromiso de España con la seguridad del Este de Europa y con la presencia de tropas españolas en países del Este es firme e incondicional. No está y nunca ha estado en cuestión".

En el PSOE confían en que la UE dé luz verde a esta oficialidad porque, según la portavoz Esther Peña, significaría reforzar la "identidad plurilingüe" de España, donde "el 40% de los ciudadanos viven en territorios que tienen lenguas cooficiales", culpando al PP del posible rechazo.