Ocho menas, los primeros del reparto: 1.200 plazas y 40 millones para acogerlos en la península desde el lunes

A partir de la próxima semana, el Gobierno de Pedro Sánchez pondrá en marcha un plan para trasladar a la Península a menas -menores migrantes no acompañados- que han solicitado asilo. La primera fase incluirá a sólo ocho jóvenes procedentes de Canarias, según confirmaron fuentes del encuentro interadministrativo entre el Gobierno central y el canario. El operativo continuará de forma semanal, y los menores serán acogidos en centros dependientes del Estado distribuidos por varias comunidades autónomas.

Los movimientos se realizarán de manera escalonada, con frecuencia semanal, y con prioridad para pequeños dispositivos de acogida gestionados directamente por la Administración General del Estado. Las autoridades insisten en que se respetarán en todo momento los principios de protección a la infancia, haciendo prevalecer el bienestar, la seguridad y el interés superior de los menores, tal como exige la normativa vigente.

El proceso se sustenta en evaluaciones específicas realizadas por la entidad social Engloba, colaboradora del sistema de acogida en el archipiélago. Solo los menores que hayan expresado claramente su deseo de ser trasladados entran en este plan. Tras completar los informes sociales correspondientes, los gobiernos de España y Canarias determinan qué menores serán derivados, atendiendo tanto a sus necesidades particulares como a las características del destino.

Este programa se complementa con un cronograma de reubicación interna hacia el centro Canarias 50, situado en Las Palmas de Gran Canaria. En las últimas semanas, este espacio ha gestionado el traslado de 141 menores a partir de listados elaborados por el Gobierno autonómico.

Las autoridades recalcan que en cada expediente interviene el Ministerio Fiscal, un paso considerado clave para salvaguardar los derechos de los menores en todas las fases del proceso.

40 millones y 1.200 plazas

Para dar cobertura a esta operación, el Consejo de Ministros ha aprobado una partida presupuestaria de 40 millones de euros, destinada a cumplir con un fallo del Tribunal Supremo que exige la habilitación de 1.200 plazas de acogida en la Península.

De ese total, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha comprometido ya 750 plazas, actualmente en fase de implementación con diversas entidades del sistema de acogida. El objetivo es que estén listas de inmediato para recibir a los menores trasladados desde Canarias.