Pedro Sánchez comienza el curso político igual que lo terminó: mirando desde La Moncloa de reojo al Congreso. Casi al mismo tiempo que se celebra el primer Consejo de Ministros tras el parón veraniego, tendrá lugar una sesión de la Diputación Permanente, donde 68 diputados votarán una cascada de propuestas del PP para que comparezcan de forma urgente varios miembros del Gobierno.
La que más preocupa a Sánchez es el punto 3, que solicita que rinda cuentas "sobre la corrupción que afecta al Gobierno, su familia y al PSOE, concretamente sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa y la investigación judicial a Leire Díez". Los populares registraron esta comparecencia tras conocerse el informe GRECO, que denuncia los incumplimientos del Gobierno en las recomendaciones comunitarias sobre corrupción, y el procesamiento de Begoña Gómez por parte del juez Juan Carlos Peinado.
Pese a ser un "Congreso en miniatura", la Diputación Permanente tiene una composición que refleja también la fragilidad de la legislatura: 27 asientos para el PP, 24 para el PSOE, seis para Vox, seis para Sumar y uno para los diferentes socios del Ejecutivo, como ERC, Junts, PNV, Bildu, así como otro para el Grupo Mixto, donde se encuentra Podemos.
Si PP y Vox consiguen el respaldo de dos de los socios, Sánchez podría verse obligado a dar explicaciones sobre la corrupción durante el mes de septiembre. Esto alteraría la hoja de ruta del Ejecutivo, que se ha marcado este mes como una etapa de cortejo para intentar allanar el camino a los Presupuestos, que serían los primeros de este año tras las prórrogas de los dos últimos ejercicios.
Hay otras dos comparecencias que preocupan al Ejecutivo y que podrían dañarlo ante sus socios en pleno proceso de negociación presupuestaria. Además de Sánchez, los populares piden que comparezca la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre las medidas "que se están adoptando para acabar con el machismo imperante tanto en el Palacio de La Moncloa (Caso Salazar) como en el conjunto de su Gobierno y de su partido", en referencia al Caso Koldo y Ábalos tras los audios en los que se reparten prostitutas.
La otra tiene que ver con una comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la Comisión de Interior "para informar sobre la adjudicación a la empresa china Huawei del contrato de gestión del almacenamiento del sistema integrado de interceptación de telecomunicaciones (SITEL), teniendo en cuenta que ello podría suponer una vulnerabilidad de seguridad para las entidades críticas del Estado". Unas explicaciones que serían escuchadas con detalle en Bruselas, donde ya han mostrado su malestar con España por este contrato, ya que creen que puede abrir las puertas al ciberespionaje chino.