El PP reclama al Gobierno la lista de políticos que viven a costa de los españoles en propiedades del Estado

El Partido Popular sospecha que el Gobierno podría estar haciendo un uso arbitrario de inmuebles propiedad del Estado, que están en desuso y pasarían a engordar la lista de viviendas en las que residen cargos políticos a costa del erario público. Por ello, exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez transparencia y que informe a los españoles de este tipo de prácticas.

Después de señalar a Fernando Grande-Marlaska por la reforma de unas oficinas policiales en un chalé de lujo, situado en una zona exclusiva de Madrid, tal y como publicó La Razón, el partido extiende ahora su ofensiva a todos los ministerios ante la duda de si se trata de un caso aislado o es ya una práctica habitual, según el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Por ello, el grupo de Ester Muñoz ha registrado en el Congreso una batería de preguntas para conocer si "existe un registro en el que se concreten cuántas personas empleadas por el Gobierno de España tienen en este momento una vivienda oficial. En caso afirmativo, relación de las mismas".

El caso de la vicepresidenta Yolanda Díaz fue uno de los más polémicos, ya que vive en un piso de 443 metros cuadrados, a pesar de lo cual aseguró que "vivir en Madrid es una condena". Este mismo verano, el uso de La Mareta, la residencia de vacaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido también cuestionado, tanto por el blindaje de seguridad, mayor que el de otros años, como por el uso que están haciendo sus familiares.

El PP pregunta, además, "¿cuántos antiguos inmuebles usados por la Policía Nacional para tareas administrativas se han convertido en viviendas para cargos políticos?" y ¿cuántos inmuebles propiedad del Estado son usados por cargos políticos?". Información a la que deberían tener derecho todos los españoles, dado que es a cargo de sus impuestos.

Al uso exclusivo de inmuebles del Estado como residencia se suman los gastos de las posibles reformas, por lo que el grupo de Ester Muñoz reclama conocer "¿cuál es el coste de todas las obras realizadas para convertir inmuebles de uso administrativo en viviendas para cargos políticos?".