El nuevo Reglamento del Congreso de los Diputados que definirá las normas convivencia entre profesionales de la prensa y políticos, ya ha sido trasladado a la Mesa de la Cámara. El texto recoge varios puntos polémicos que podrían chocar contra el ordenamiento jurídico español, como alertaron los propios letrados del Parlamento. Entre ellos, la posibilidad de que el órgano rector, presidido por la socialista Francina Armengol, sancione de oficio a los periodistas y la exigencia de que un medio tenga "al menos" diez empleados para poder acreditarse.
"Toda denuncia de un hecho susceptible de sanción y emitida ante la Dirección de Comunicación, será remitida a la Secretaría General del Congreso para el inicio del procedimiento por acuerdo de la Mesa de la Cámara, que también podrá actuar de oficio.", señala el documento, al que se han opuesto PP y Vox por considerar que ataca la libertad de expresión.
Otro punto señala que "incoado un procedimiento sancionador, la Mesa designará a una persona para que realice la instrucción, que deberá ser funcionaria de las Cortes Generales adscrita al Congreso con al menos tres años de experiencia profesional", lo que le otorga el poder de elegir sobre la "instrucción" de este proceso.
Por último, "la resolución del procedimiento corresponderá a la Mesa de la Cámara, que tendrá en cuenta el informe instruido, así como la valoración emitida, en su caso, por el Consejo Consultivo". Es decir, la Mesa tiene la capacidad de abrir expediente sancionador, designar al instructor del mismo y emitir la decisión final, lo que abre la puerta a la persecución de medios de comunicación por motivos ideológicos.
Un poder absoluto
El Consejo estará compuesto por la Presidencia y Vicepresidencia de la Cámara (en este caso Francina Armengol y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis); un miembro de cada grupo parlamentario, dos periodistas designados por la Mesa de la Cámara a propuesta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios y la Secretaría General del Congreso; la Dirección de Comunicación. Se trata de un poder absoluto que pone en peligro la libertad de prensa. Se recoge, además, que "deberá ser paritario".
La Mesa, por tanto, tendrá un poder absoluto ya que este órgano apenas será de carácter "consultivo", recayendo la decisión final sobre cualquier tipo de sanción en el órgano rector de la Cámara, ahora con mayoría de PSOE y Sumar. El Reglamento ve la luz en paralelo a la constante amenaza del Ejecutivo contra la prensa crítica que denuncia su corrupción, a la que denomina "pseudomedios" o "fachosfera".
La propuesta debe recibir ahora el visto bueno del Congreso y responde a una petición hecha por algunos periodistas que se han sentido desprotegidos ante el señalamiento de algunos compañeros que, de forma intermitente, interrumpen ruedas de prensa y entran en conflicto con otros periodistas. Una situación que estalló a raíz de que algunos jefes de prensa de grupos como el PSOE negaran la palabra de forma reiterada a medios críticos con el Gobierno, y que portavoces como Patxi López se negaran a responder a las preguntas de esos medios.