El Partido Popular llevará al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por no presentar los Presupuestos Generales del Estado a tiempo, como recoge la Carta Magna. Se trata de un mandato legal que Pedro Sánchez ha incumplido durante tres años seguidos y que, por primera vez, tendrá la respuesta del partido de Alberto Núñez Feijóo en los tribunales.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que su intención es presentar los PGE pero ya concluyó el plazo recogido en la Constitución para llevarlos a las Cortes, por lo que cabe un recurso ante el Tribunal de Garantías, como lleva tiempo advirtiendo el PP. De esta forma, ejerce todavía más presión sobre Pedro Sánchez y evidencia su minoría parlamentaria.
La portavoz en el Senado, Alicia García, ha anunciado que el PP impulsará un nuevo conflicto de atribuciones del Senado con el Gobierno por no presentar las Cuentas públicas. "Presentar los Presupuestos no sólo es un deber político, es una obligación constitucional", ha dicho. "Como Sánchez no tiene mayoría social ni política para poder sacar adelante sus proyectos, las consecuencias de esta parálisis la están pagando los españoles", ha añadido.
El escrito del PP subraya que la prórroga injustificada y continuada de los Presupuestos atenta contra los derechos de los senadores de trabajar para debatir, enmendar y votar los Presupuestos.
El artículo 134 de la Constitución establece que:
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Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.
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Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
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El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
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Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.
El artículo 23.1 de la Constitución recoge, además, que:
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Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
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Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
El Ejecutivo, por tanto, podría haber vulnerado ambos artículos.
El Gobierno responde
El movimiento del Partido Popular no ha sido bien recibido en el Gobierno, que acusa a los populares de hacer un uso "partidista" de la Cámara Alta. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado de "vergonzosa" la actuación del PP, al que señala por "manipular" la institución. "Está en el politiqueo que significa poner todas las chinas en el camino posible para que el Gobierno no pueda avanzar con el país y, por tanto, para que haya parálisis. Ya le digo, no la va a hacer. El Partido Popular tiene que dejar de permanentemente estar en una actitud que lo único que quiere es pedir elecciones", ha respondido con firmeza la vicepresidenta primera.
Reproches severos en paralelo a la defensa que hace Montero de los próximos Presupuestos Generales del Estado, de los que asegura incluirán "partidas históricas", a pesar de que el Ejecutivo ya ha incumplido el mandato constitucional de presentarlos en plazo. Aun así, la ministra resta importancia a que el Gobierno siga operando con las cuentas prorrogadas de 2023.
En la misma línea se ha pronunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien en tono desafiante, ha anticipado que el nuevo recurso del PP ante el Tribunal Constitucional "será como los anteriores" y "acabará en nada".