Los peones de Junts en los órganos del Estado no dimiten pese a la ruptura con Sánchez

La ruptura es total, la legislatura está bloqueada, Puigdemont ordena presentar enmiendas a la totalidad a todas las leyes en trámite presentes y futuras (incluidas aquellas que "benefician" a los catalanes, como la que obliga a empresa de fuera de Cataluña a atender en catalán) y Míriam Nogueras escenifica, otra vez, la voladura de todos los puentes con el PSOE.

Ya no más reuniones en Suiza, ya no más negociaciones sobre la campana, ya no más tomaduras de pelo, dice Nogueras. Sin embargo, Junts mantiene los peones colocados con órganos y entes del Estado gracias al acuerdo de investidura con Sánchez.

En medio de un contexto de bloqueo, Miquel Calzada, alias Mikimoto, sigue en el consejo de administración de RTVE con un sueldo de más de cien mil euros anuales y la segunda cadena de TVE en Cataluña se ha convertido en la nueva TV3, con una programación en catalán plagada de debates sectarios como los de TVE. Tampoco deja su puesto en Aena Ramón Tremosa, un separatista de la línea dura que no ha tenido inconveniente ninguno en pasar a cobrar del Estado "opresor" en la entidad que controla la gestión aeroportuaria de España. Su misión es que el aeropuerto de El Prat pase a manos de la Generalidad.

Otro caso es el de Pere Soler, ex director general de los Mossos d'Esquadra durante el golpe de Estado y enchufado ahora en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) en virtud de los tratos de Puigdemont y Jordi Turull con Santos Cerdán, ahora en prisión provisional. Eduard Gràcia es otro de los colocados gracias a Puigdemont. Y nada menos que en Renfe. Ha pasado de convocar protestas contra Renfe a cobrar de la empresa dependiente del ministerio de Óscar Puente.

En ninguno de los escenarios que se plantea Junts está previsto que estos y otros peones dimitan.

El indulto a Laura Borràs

Mientras tanto, Laura Borràs, expresidenta de Junts y del Parlament de Cataluña, sigue esperando el indulto de Pedro Sánchez tras haber sido condenada a cuatro años de prisión por haber realizado pagos ilegales a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas. Lo último que se sabe de ella data de hace pocas horas y es que ha declarado que considera una "tortura diaria" no haya resuelto su petición de indulto. Ocho meses han transcurrido desde dicha petición. "Forma parte de un proceso muy duro. Continúa la tortura. No es fácil levantarse cada día con esta espada de Damocles", añadió en una entrevista en TVE.

La situación de la que fuera la número 2 de Puigdemont y candidata a sucederle también forma parte de los expedientes abiertos entre Junts y el Gobierno, aunque no acostumbra a aparecer en las informaciones.