La Comisión Europea llevará a cabo una "revisión general" de los contratos nacionales con Huawei en "sectores críticos" por ser un "proveedor de alto riesgo", según ha dado a conocer en respuesta a una pregunta escrita remitida por la secretaria general del PP europeo, Dolors Montserrat.
Montserrat alertó este verano sobre el convenio suscrito por el departamento de Fernando Grande-Marlaska con la compañía china vetada por el presidente de EEUU, Donald Trump, ya que suministrará infraestructura de almacenamiento del sistema SITEL, que gestiona interceptaciones telefónicas judiciales y cooperaciones policiales internacionales. Esto a pesar de que en 2023 el propio Consejo de Seguridad Nacional alertó de los riesgos de injerencia china en España.
Según el PP, el contrato pone en riesgo "la seguridad judicial y la integridad de la cooperación internacional en materia de inteligencia por ser un proveedor que la UE califica de alto riesgo". La vicepresidenta ejecutiva de la CE, Henna Virkkunen, recuerda en su escrito que en el informe de junio de 2023 titulado "Aplicación del conjunto de instrumentos de la UE para la ciberseguridad de las redes 5G", la Comisión determinó que Huawei y ZTE presentan riesgos y las restricciones están justificadas.
La CE, al acecho de España
La próxima revisión del Reglamento sobre Ciberseguridad examinará la seguridad de las cadenas de suministro de TIC y sus infraestructuras, con el objetivo de evitar dependencias críticas de proveedores de alto riesgo y reducir los riesgos asociados en sectores estratégicos, como los sistemas judiciales y de inteligencia.
Montserrat alertó de que es necesario "garantizar que ningún contrato con proveedores de alto riesgo comprometa la fiabilidad de España como socio en la cooperación europea e internacional", por lo que la revisión anunciada por la CE es "una medida imprescindible para proteger la soberanía tecnológica y la seguridad de los ciudadanos europeos".
El Gobierno de España suspendió un contrato con Huawei para suministrar e instalar equipos en la red académica RedIRIS ante las presiones de la UE y EEUU, pero lo volvió a sacar a concurso sin vetar a la empresa china, saltándose finalmente la advertencia internacional.
Además, Interior también ha firmado otro para servidores que almacenan escuchas judiciales, y un tercero para proveer cabinas de almacenamiento utilizadas por la Seguridad Social, que ha defendido aduciendo que se enfoca en el almacenamiento de información de "tercer nivel" y no datos personales o críticos.