El Gobierno avala la seguridad de los papeles del 23-F sin haberlos leído

Este miércoles, 25 de febrero, al mediodía, la ciudadanía podrá acceder en la página web del Ejecutivo a la totalidad de la información que el Gobierno posee sobre el fallido golpe de Estado del 23F. La operación, fruto de la coordinación de tres ministerios, Exteriores, Defensa e Interior, se realizará conforme a lo previsto, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Fuentes del Gobierno subrayan que ni el presidente ni ningún ministro han revisado personalmente las "153 unidades documentales", dejando la labor en manos de "funcionarios acreditados" de las carteras implicadas. No obstante, desde Moncloa se afirma con firmeza que la desclasificación no menoscaba el interés general ni pone en riesgo la seguridad nacional, una afirmación que pone de manifiesto la paradoja de desconocer el contenido de los documentos y, aun así, proclamarse seguro de sus efectos.

El Ejecutivo confirma, además, que antes de que Pedro Sánchez anunciara la medida en sus redes sociales, se comunicó a Zarzuela la intención de desclasificar los documentos. Desde Moncloa aclaran que dicha comunicación responde a los protocolos habituales en asuntos de esta naturaleza, sin relación directa con el contenido de los papeles.

Entre este material diverso también figuran las "transcripciones" de las conversaciones de los protagonistas del 23-F y "alguna imagen", como confirmó la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Lo que no se hará público, en cambio, es el sumario judicial, dado que permanece bajo custodia del Tribunal Supremo, sobre el cual el Ejecutivo no ejerce competencia alguna.

Fuentes gubernamentales evitan pronunciarse sobre posibles pasos futuros, tras dejar claro que el levantamiento del secreto puede realizarse a iniciativa propia del Ejecutivo, sin necesidad de aprobación parlamentaria. En todo caso, para el Ejecutivo se pone fin con esta iniciativa a "una anomalía democrática" con la que pretenden "evitar manipulaciones y conspiraciones que algunos usan para escribir una realidad paralela" y desinformar "a los jóvenes que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el 'Cara al sol' por nuestras calles".

Con esta medida, el Gobierno intenta marcar la agenda política en un momento en que su capacidad legislativa está limitada, tras dos años y medio sin presupuestos y con iniciativas, como su plan anticorrupción, que no iniciarán su recorrido parlamentario hasta septiembre.