El Consejo de Estado tumba la propaganda del Gobierno: blindar el aborto exigiría disolver las Cortes

El Pleno del Consejo de Estado estudia este jueves el dictamen sobre la reforma constitucional del borto que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció como un "blindaje de los derechos de la mujer", después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, admitiera una propuesta de Vox sobre el aborto y como respuesta a la negativa de Isabel Díaz Ayuso a elaborar una lista de médicos objetores a la interrupción del embarazo.

El texto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, da vía libre a la medida, pero lanza varias advertencias. Entre ellas, la vía utilizada para incluir el aborto dentro de la Constitución, ya que el Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros la reforma del artículo 43, que no forma parte de los derechos fundamentales y, por tanto, sólo requiere del visto bueno del Parlamento, donde su aprobación exige una mayoría de tres quintos que no está garantizada por el rechazo del PP y Vox.

El Consejo de Estado recuerda que un blindaje real del aborto requeriría reformar el artículo 15 sobre el derecho a la vida, que sí es un derecho fundamental y, como tal, debería aprobarse por el procedimiento agravado, según establece la propia Carta Magna, que obliga a su aprobación por el Parlamento, la disolución de las Cortes y la convocatoria de un referéndum. El dictamen reprocha que el Gobierno esquive esta vía por "oportunidad política".

En concreto, recoge que los argumentos dados por el Gobierno para optar por la reforma del artículo 43, en lugar del 15, son "consideraciones de oportunidad política que, desde un punto de vista constitucional, no deberían ser tenidas en cuenta a la hora de elegir el precepto objeto de la reforma". Aún así, asegura que "lo dicho no obsta para que el artículo 43 pueda ser reformado" y que "el Consejo de Estado no ve obstáculo jurídico en la reforma".

Desmonta, eso sí, la propaganda del Ejecutivo que vendió el anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros como el reconocimiento a un "derecho fundamental" de la mujer, en línea con la decisión del Gobierno de Francia de consagrar el aborto dentro de la Constitución. El Consejo de Estado recuerda que el TC ya avaló la Ley de plazos y la de supuestos sobre el aborto, por lo que su inclusión en la CE no sería necesaria.

El dictamen es preceptivo, pero no vinculante y, en cualquier caso, la falta de mayoría parlamentaria para que la norma salga adelante supone que no tendrá en la práctica efectos jurídicos. Sirve, por tanto, para que el Gobierno de Sánchez intente sacar pecho de sus políticas feministas, en un momento especialmente sensible para la izquierda por los casos de acoso sexual y cuando se ha visto resentido entre las votantes de las mujeres.