El Consejo de Estado aprobó este jueves el dictamen sobre la reforma de la Constitución que propone el Gobierno para recoger el aborto como "un derecho fundamental de la mujer". El texto final, al que ha tenido acceso Libertad Digital, advierte de que quedaría recogido como una prestación sanitaria, y no como el reconocimiento que ha querido vender el Ejecutivo a sus votantes femeninas.
Tal y como ya informó este periódico, el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros plantea reformar el artículo 43 de la Carta Magna, referente a la salud, en lugar del artículo 15 sobre el derecho a la vida. Esta vía permite al Gobierno saltarse el procedimiento agravado que se exige para la reforma de los derechos fundamentales de la Constitución, por la que habría que disolver las Cortes y convocar elecciones generales, además de un referéndum.
Reformando el artículo 43 apenas haría falta el visto bueno del Parlamento, pero el Consejo de Estado advierte de que esto implica incluir el aborto sólo como un servicio médico. "El Consejo de Estado considera que una redacción más apropiada (del artículo reformado) debería ser: "los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para hacerlo efectivo"".
El esclarecedor voto particular
Es especialmente significativo el voto particular de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, padre de la Constitución y que forma parte del Consejo, que se opone a este dictamen y a la reforma, al entender que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está cometiendo un "fraude a la Constitución", ya que pretende saltarse el procedimiento agravado de reforma de la Carta Magna modificando un artículo que no se corresponde con el objeto del cambio propuesto.
Herrero Rodríguez de Miñón advierte, incluso, del "peligroso precedente" que sentaría la reforma constitucional propuesta por el Gobierno, ya que pretende una reforma de los derechos fundamentales por la puerta de atrás, eludiendo el procedimiento agravado que exige la propia Carta Magna. Esto abriría la puerta a que el legislador pueda recurrir en adelante a esta vía para cambiar el texto de la Constitución a su antojo, con la mera consulta del Parlamento.
La reforma, en cualquier caso, requiere del apoyo de dos tercios del Congreso, por lo que está previsto que no salga adelante ante el rechazo anunciado de PP y Vox, que se oponen frontalmente a incluir el aborto dentro de la Constitución. El propio Consejo de Estado recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional ya reconoce el aborto al haber avalado la ley de plazos, primero, y la ley de supuestos, que dan cobertura legal a esta decisión. Incluirlo en la Carta Magna, por tanto, no es necesario.
Sánchez abanderó esta causa después de que Francia promoviera incluir el aborto en la Constitución y como respuesta a la polémica protagonizada por el PP de José Luis Martínez Almeida en Madrid, que aceptó una propuesta de Vox sobre el aborto; y para confrontar con Isabel Díaz Ayuso, que se opuso a elaborar una lista de médicos objetores al aborto. Lo anunció, además, en plena polémica por los escándalos sexuales que acorralan al Ejecutivo, y que les están haciendo perder votos entre las mujeres.