Pedro Sánchez ya advirtió al inicio de esta legislatura que gobernaría, incluso, "sin el Parlamento", y así lo está haciendo. La semana en la que ha visto cómo decaía por segunda vez su llamado "escudo social", el Ejecutivo ha sido protagonista también durante la sesión de control por su ausencia de respuestas a todas las preguntas de la oposición. Es algo que se repite cada miércoles, pero el pasado 25 de febrero fue especialmente escandaloso.
El Ejecutivo no aclaró nada sobre las 28 preguntas formuladas por el PP. Asuntos como la vivienda, la inmigración, los casos de corrupción que le acorralan o las investigaciones del accidente de Adamuz, quedaron sin respuestas. La Constitución, en su artículo 66.2 recoge que "las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos y controlan la acción del Gobierno".
El artículo 108 establece que "el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputado" y el 111.1 que "el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras". El Gobierno de Sánchez no parece estar teniendo en cuenta ninguno de estas obligaciones, a la vista de su falta de respuestas.
El poder ejecutivo debe someterse a la fiscalización del legislativo, lo que ocurre cada vez con menos frecuencia. Dada la minoría parlamentaria del Gobierno apenas hay actividad parlamentaria, que además se ve interrumpida por la convocatoria constante de elecciones, ya que se reserva una semana sin Pleno para que los diputados puedan hacer campaña.
Esto, unido a los constantes viajes de Sánchez al extranjero, le permite eludir constantemente su deber constitucional de dar cuentas sobre las decisiones que adopta. Una práctica que lleva a cabo incluso cuando se trata de temas de Estado, como la política internacional, o con la regularización de un millón de inmigrantes, medida que ha aprobado por decreto sin pasar por las Cortes.
Las 28 preguntas sin respuesta
El pasado miércoles, Sánchez no aclaró si va presentar finalmente unos Presupuestos Generales del Estado, qué pactó con Bildu para mantener su asiento en la Moncloa, cuáles son los datos de los fijos discontinuos o si la ministra de Igualdad va a revictimizar a la víctima como hizo Marlaska con la mujer agredida por el DAO.
Tampoco respondió cuántos contratos del Gobierno han acabado en mordidas, por qué iba el Falcon a la República Dominicana, por qué viajaba Zapatero a Caracas, y qué negociaron con Delcy en Barajas. Nada tampoco sobre el apagón, del que se sigue sin conocer las causas diez meses después, o del accidente de tren de Adamuz. Los ministros rechazaron responder, por ejemplo, qué hacían sustrayendo pruebas de madrugada en Adamuz o quién dio la orden de retirar esos materiales.
No han aclarado tampoco cuántos delincuentes se van a colar en España tras el proceso de regularización iniciado por el Gobierno, ni cómo se va a luchar contra el efecto llamada. Tampoco han ofrecido respuesta alguna acerca de por qué van a dar un millón de papeles a irregulares en contra del marco europeo.