Islas Baleares
En Baleares, como en Galicia, la imposición del mallorquín o el catalán no responde a la existencia de una mayoría nacionalista. Muy al contrario en las islas, el PP siempre ha contado con un respaldo mayoritario, lo que le ha permitido gobernar durante la mayor parte del periodo autonómico. Pero, por paradójico que pueda parecer, en las islas el PP también ha tenido un papel decisivo en la imposición lingüística.
El soporte legal a esta vulneración de derechos está en la Ley de normalización lingüística de 1986. En ella se establece, entre otras medidas, que:
Artículo 6.
1. El catalán, como lengua propia de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, lo es también del Govern Autónomo, del Parlamento y de los Consells Insulares, y, en general, de La Administración Pública, de la Administración local y de las corporaciones e instituciones públicas dependientes de la Comunidad Autónoma.
2. El catalán y el castellano son lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y han de ser usadas preceptivamente por La Administración según la forma regulada por la Ley.
Artículo 15.
1. La rotulación pública se hará en lengua catalana, acompañada, si hiciera falta, de signos gráficos que faciliten su comprensión a los no catalano-parlantes. La rotulación en catalán y en castellano se utilizará cuando así lo aconsejen las circunstancias sociolingüísticas.
2. En todos los rótulos, indicaciones y escritos en general, bilingües, la primera visión ha de ser la catalana, como lengua propia de las Islas Baleares, y la segunda, la castellana.
3. En todos los servicios de transporte público, los impresos, los avisos, las comunicaciones, al servicio público, han de hacerse en lengua catalana y en lengua castellana.
En 1990 el PP promulgó un decreto que endurecía aún más la propia ley de normalización lingüística. Decreto que utilizó el Gobierno Balear (formado por el PSOE y grupos minoritarios) en 2008 para lanzar una ofensiva para erradicar por completo el castellano de las islas. Los folletos, la rotulación y los programas informáticos ya no podrán estar escritos en los dos idiomas oficiales sino exclusivamente en catalán. Además, toda la señalización de la comunidad así como publicaciones y campañas (salvo las destinadas a turistas) tendrán que aparecer en esta lengua. Las empresas que tengan relación con la Administración también se veían obligadas a utilizar el catalán a la ahora de desarrollar sus contratos y sus intercambios comerciales.
En cuanto a la educación, el Círculo Balear demostró con una llamada grabada al servicio de escolarización de la Consejería de Educación la imposibilidad de escolarizar a un niño en castellano. Fue esta entidad cívica la que denunció los abusos que se estaba cometiendo, ante la inacción de un PP entonces presidido por Rosa Estarás. Pero el malestar entre la militancia del PP era patente y en el congreso en el que Jose Ramón Bauzá y Carlos Delgado se enfrentaron para suceder Estarás, la cuestión lingüística fue uno de los asuntos más debatidos. Delgado, alcalde de Calviá, hizo bandera de la libertad lingüística y aunque salió derrotado, su rival y ganador José Ramón Bauzá asumió como propias las propuestas de Delgado.
A sólo dos meses de las elecciones autonómicas, el PP aparece como claro vencedor con mayoría absoluta. Bauzá se ha comprometido a terminar con la imposición del catalán en todos los ámbitos, aunque el precedente de Feijóo en Galicia, que incumplió sus compromisos, conduce a cierto escepticismo.