Cataluña
Todos los partidos catalanes, a excepción de Ciudadanos y un sector del PP, comparten el programa de erradicación del español, la aplicación de sanciones, la exclusión de los castellanohablantes y la exigencia del catalán para toda actividad que se desarrolle en la región, desde la Justicia al deporte.
Andrés Iniesta ha comenzado a usar el catalán en su twitter y en facebook. Tal vez consiga de esta manera que dejen de reprocharle que no hable catalán; tal vez logre así hacerse perdonar el ser un ídolo en España. A Messi también se le recuerda de tanto en cuanto que lleva demasiados años en Cataluña como para no hablar en catalán. La madre y una hermana del astro argentino volvieron a su país por las dificultades, según alegaron, para escolarizar a la niña en Cataluña. Tras la subsiguiente polémica, dijeron que todo se debió a un malentendido y que en ningún caso el motivo de la vuelta había sido el idioma.
Los casos de Iniesta y Messi no son especialmente relevantes. En realidad, son lo habitual, como es habitual negar la existencia de problemas lingüísticos. Todos los partidos políticos catalanes, a excepción de Ciutadans y un sector del PP escasamente representado y menos combativo aún, han asumido el mismo discurso: el catalán es la lengua propia de Cataluña y la normalización no se habrá alcanzado hasta que todos los residentes en esa región puedan prescindir del uso del español en sus relaciones sociales, laborales, comerciales e incluso familiares.
En teoría, la Generalidad está obligada a incluir una tercera hora semanal de castellano en sus programas escolares, pero esa sentencia del Tribunal Supremo no se cumple ni se cumplirá. La insumisión judicial es la última arma del catalanismo para imponer su programa de erradicación del castellano. Cataluña queda así al margen de la ley y así quedan desamparados los derechos lingüísticos de cientos de miles de personas, de los niños a recibir una educación que les garantice un correcto dominio de los dos idiomas y de los padres a elegir la lengua de escolarización de sus hijos.
La talibanización en la escuela catalana ha conseguido exiliar de la comunidad educativa a quienes se cuestionan un modelo de inmersión lingüística que está detrás de los altos índices de fracaso escolar en Cataluña y que permite aberraciones como las aulas segregadas para los niños inmigrantes; un modelo que en la última vuelta de tuerca asume la consigna de controlar que los críos no empleen el castellano ni siquiera en el recreo; un sistema ha pasado de la escuela a la Universidad y que ahora exige a los profesores universitarios una acreditación del nivel de catalán antes que de sus conocimientos y competencia académica.
Sin embargo, las aulas ya no son la única zona de exclusión de Cataluña. Los dos gobiernos tripartitos cruzaron los límites a los que CiU no se atrevió a llegar: el despliegue de las normas en la educación a todos los sectores de la actividad, la cultura y la comunicación, hasta el punto de que La Vanguardia ya anunciado una edición en catalán después de dos décadas de defender las normas lingüísticas de la Generalidad y los arreones independentistas en el castellano con el que nació hace más de un siglo. Una campaña en facebook que se cerró con la menguada cifra de cuatro mil simpatizantes ha sido el motivo alegado por los editores del rotativo para lanzar una edición que será posible gracias a las generosas subvenciones de la administración autonómica.
El principal artífice del definitivo impulso contra el castellano fue un presidente de la Generalidad de origen andaluz y cuyo manejo del catalán distaba mucho del mínimo que se exige a los funcionarios de menor rango en la escala administrativa. Montilla, el ex líder del PSC, cedió a todas las presiones de sus socios de gobierno a fin y efecto de llegar hasta donde no se había atrevido Jordi Pujol. La imposición de multas por rotular los comercios en castellano o por no tener una carta o las hojas de reclamaciones en catalán en un restaurante han supuesto la confirmación del programa de exterminio de la lengua materna de cientos de miles de catalanes y aquella que les permite relacionarse con el resto de sus compatriotas y millones de personas en todo el mundo.
Treinta años después del manifiesto de los 2.300; treinta años después de que uno de sus firmantes, Federico Jiménez Losantos, sufriera un atentado terrorista por defender el derecho a expresarse y vivir en español, este idioma es una especie en extinción en la Cataluña oficial; la lengua del servicio, de los inmigrantes latinos, una rareza en los salones de una sociedad civil que ha contemplado impasible (al calor de las concesiones políticas) la pérdida de peso cultural y económico provocado por un programa de erradicación lingüística que la última sentencia del Tribunal Constitucional en un limbo paralegal que consolida el objetivo de una Cataluña monolingüe ante la escalofriante pasividad de las instituciones nacionales.