Continúan las confesiones de los militares que cometieron crímenes durante la dictadura de Pinochet

El pacto de silencio que mantuvieron los represores de la dictadura militar chilena durante 27 años se ha roto tras las confesiones de ex agentes de inteligencia sobre su participación en las violaciones de los derechos humanos y de acusaciones contra sus superiores. Las confesiones coinciden con el intento de los tribunales chilenos de juzgar a Augusto Pinochet por los crímenes cometidos bajo su gobierno, mientras que en el exterior se revelan detalles del entramado urdido por los organismos represivos del régimen que apuntan a las más altas cúpulas del gobierno militar.

El primero en reconocer públicamente sus crímenes fue el mayor en retiro Carlos Herrera Jiménez, quien asumió la autoría material de los asesinatos del sindicalista Tucapel Jiménez en 1982 y el carpintero Juan Alegría, al año siguiente. Herrera Jiménez mencionó a los superiores que le ordenaron cometerlos, pero se abstuvo de nombrara los subordinados que actuaron con él. El mayor culpó directamente al recientemente fallecido general Humberto Gordon, ex miembro de la Junta Militar y jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI), y al jefe operativo del organismo, Alvaro Corbalán.

La confesión más sorpresiva fue la del general Humberto Gordon, quien a través de una carta póstuma revelada el martes se responsabilizó de los crímenes cometidos por la policía política de la dictadura durante su gestión al frente de la CNI. "En forma libre y espontánea vengo en asumir la responsabilidad de las acciones realizadas por mis subalternos de la Central Nacional de Informaciones y de la Dirección de Inteligencia del Ejército, debiendo, por tanto, hacérseme a mí los cargos que hoy injustamente se les imputan a aquellos", dijo.

También han colaborado con la justicia los oficiales en retiro Krantz Bauer, Arturo Sanhueza, Iván Cifuentes, Jorge Vargas Bories, Rodrigo Pérez e Iván Quiroz. Todos ellos aparecen vinculados en más de un proceso por causas de derechos humanos que no se encuentran amparadas en la ley de amnistía de 1978.

Las razones de los represores para romper este verdadero pacto de silencio no han sido dadas a conocer. Los abogados se han limitado a señalar que sólo tienen por objeto conseguir rebajas en sus penas, debido a que no son delitos que puedan ser amparados por la amnistía.