El futuro de la guerra comercial de Donald Trump y, por extensión, de buena parte de su programa económico, está en manos del Tribunal Supremo de Estados Unidos. La más alta instancia judicial del país ha aceptado revisar por la vía de urgencia la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente, fijando la audiencia con las partes para principios de noviembre en una muestra de la celeridad con la que quiere zanjar el asunto. No obstante, ha decidido dejar los aranceles en vigor hasta que tome su decisión.
El caso llega al Supremo después de que un tribunal de apelaciones diera un varapalo al Ejecutivo, determinando que Trump había excedido su autoridad al recurrir a una ley de emergencia para imponer gravámenes a China, Canadá y México, en una decisión que se dirimió por siete votos a cuatros sin una clara delimitación ideológica. Los magistrados consideraron que no existía una emergencia nacional que permitiese a Trump invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) aprobada en 1977 y que nunca se había empleado antes para imponer aranceles. Anteriormente, el Tribunal de Comercio Internacional ya dictaminó en primera instancia y por unanimidad en contra de Trump.
El Tribunal Supremo tendrá que decidir principalmente sobre dos cuestiones. La primera, si una ley como la IEEPA que no habla de aranceles en ningún momento puede usarse para imponerlos bajo la premisa de que sí habla de impuestos, y los aranceles no dejan de serlo también, por más que el Gobierno de Trump insista en que no. La segunda, qué límites tiene el presidente bajo esa ley para declarar una situación como emergencia.
Las consecuencias de un fallo contra la Administración serían devastadoras, ya que ha basado parte de su política económica e internacional en la imposición de aranceles. Sus recortes de impuestos estaban en parte sufragados por unos aranceles con una base del 10%. Por otro lado, Trump los ha empleado repetidamente como herramienta de presión en la arena internacional, amenazando con subirlos para obtener contrapartidas comerciales y diplomáticas, tanto de socios como de enemigos y rivales del gigante norteamericano.
Por el contrario, una victoria para Trump supondría un espaldarazo a su agenda y una ampliación más del poder presidencial. Muchos de los numerosos casos que han llegado y seguirán llegando al Tribunal Supremo, como el del despido de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, dirimirán cómo se reparte el poder entre el Congreso y el Ejecutivo. Las decisiones del Tribunal Supremo, por tanto, se dejarán sentir en la política norteamericana durante las siguientes décadas.