Decenas de ciudades británicas, desde Bristol a Newcastle, han sido este sábado el escenario de una nueva oleada de protestas ciudadanas contra el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles. Convocados bajo el lema "Abolir el sistema de asilo", los manifestantes se encontraron con la oposición de grupos de izquierda autodenominados como antirracistas, generando momentos de tensión que requirieron un fuerte dispositivo policial.
Aunque muy extendidas geográficamente, las protestas no son por el momento demasiado numerosas, frecuentemente de un par de cientos de personas frente a unas decenas de contramanifestantes.
El malestar ciudadano se ha visto agravado por los numerosos casos de violencia que parecen rodear los hoteles donde el Gobierno británico está alojando a los inmigrantes ilegales. La reciente imputación de un inmigrante de origen etíope, residente en un hotel de Epping, por una agresión sexual a una niña de 14 años ha provocado esta nueva serie de protestas por todo el país frente a dichos establecimientos.
Muchos han procedido también a colgar banderas tanto británicas como sobre todo inglesas en espacios públicos, en lo que se ha dado en llamar Operación Levanta los Colores, incitados por la retirada de banderas nacionales por parte de ayuntamientos como el de Birmingham. Muchos de los participantes en esta campaña han declarado su hartazgo por la omnipresencia de banderas palestina y arcoiris, estas sí permitidas por las autoridades, mientras las enseñas patrióticas brillan por su ausencia, cuando no son directamente retiradas.
En este clima de indignación, el líder del partido Reform UK, Nigel Farage, a quien las encuestas sitúan en primer lugar, ha prometido deportaciones masivas de inmigrantes si llega al poder, asegurando que es "la única manera de detener" una crisis que, según él, supone una "amenaza para la seguridad nacional" y está llevando al país al borde del "desorden".
Mientras tanto, el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, ha prometido acabar con el uso de hoteles, pero ha advertido que lo haría de forma "gradual y ordenada" en un plazo que se extendería hasta 2029, una propuesta que sus críticos consideran tibia e insuficiente ante la magnitud del problema.