La ley del embudo, versión comunista. El Grupo de Puebla impulsado por las dictaduras cubana y venezolana ha lanzado una denuncia contra el presidente argentino, Javier Milei, por, según sus análisis, invadir competencias del legislativo con el decreto de medidas urgentes.
Más allá del sarcasmo de ver a dictaduras acusar a un presidente democrático de invadir la separación de poderes, la denuncia ha tenido un capítulo especialmente cómico en el caso de España. Y es que uno de los firmantes de la denuncia ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, apoyo estrella de Pedro Sánchez en el asalto judicial, en el pisoteo al poder judicial montando comisiones parlamentarias para que los magistrados sean juzgados por el legislativo controlado por el PSOE, comunistas, proetarras y separatistas, en el diseño de una amnistía exprés que ha eludido hasta los informes de los órganos consultivos designados constitucionalmente y hasta en los últimos decretazos urgentes tramitados por el PSOE estos días.
Organismo de exportación del totalitarismo comunista
El Grupo de Puebla es el organismo de exportación del totalitarismo comunista en todo el mundo. Está comandado por la dictadura cubana, la venezolana —en primera persona por Delcy Rodríguez y su hermano—, Evo Morales, Rafael Correa o Alberto Fernández. Y, por supuesto, por representantes españoles como Zapatero o Adriana Lastra. Y la denuncia contra Milei es todo un ejercicio de hipocresía.
"El presidente Milei, en un acto de avasallamiento al sistema republicano que la Constitución Nacional impone en Argentina, rubricó un Decreto de Necesidad y Urgencia a través del cual derogó o modificó más de 350 leyes sustantivas que regulan la economía, el comercio exterior, derechos laborales, regulaciones a la explotación de minerales y normas que preservan el ambiente", asegura el texto de Puebla. "La Constitución Nacional de Argentina autoriza al Poder Ejecutivo a dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en situaciones extremas en las que la necesidad y la urgencia estén acabadamente probadas. En el caso cuestionado esos requisitos están ausentes", señala un organismo que está jalonado por el canciller de la dictadura cubana y la vicepresidenta y mano derecha de la narcodictadura de Nicolás Maduro.
"Cuando el Poder Ejecutivo recurre al DNU con el único objetivo de sortear la intervención de las cámaras del Congreso, se extralimita en sus facultades abusando del poder que normativamente se le confiere, rompe el sistema de división de poderes que la República impone y atenta contra las más elementales reglas de la democracia", añade este organismo controlado por dictaduras.
La argumentación prosigue: "El presidente se ha arrogado funciones propias del Poder Legislativo asumiendo así la suma del poder público. La Constitución Argentina advierte en su artículo 29 que "actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria".
Según Puebla, "la gravedad institucional que emana del DNU cuestionado se profundiza al observar como a través del mismo se afecta el derecho de huelga, se vulneran derechos laborales y sociales adquiridos, se desregula el sistema de salud en favor de empresas privadas de medicina prepagada y en perjuicio de las obras sociales sindicales, se liberaliza el comercio internacional y se perfecciona la entrega de la soberanía territorial, espacial y económica protegida por leyes y disposiciones constitucionales que aparecen derogadas de manera autocrática".
La denuncia afirma que el "Grupo de Puebla hace un llamado a las autoridades judiciales y de control argentinas y los organismos multilaterales (globales y regionales) para que hagan el seguimiento cercano de esta preocupante iniciativa y convoca al Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) de Puebla a que examine la legalidad y legitimidad de estas peligrosas disposiciones ejecutivas". Y lo mejor es que el texto va con el respaldo expreso de "José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente del Gobierno de España", justo el que defiende que en España se actúe contra los jueces por un supuesto lawfare, reclama el asalto al CGPJ, exige mantener una ley del Poder Judicial que garantice el control político y avala una tramitación urgente de la ley de amnistía para tumbar a los jueces y el estado de derecho sin ni siquiera escuchar a los órganos consultivos designados por la Constitución Española.