LD (EFE) Según la vicepresidente María Teresa Fernández de la Vega, con la nueva norma los ciudadanos "tomarán el mando", ya que podrán relacionarse las 24 horas al día durante los 365 días del año con todas las administraciones públicas por Internet, teléfono, televisión y cualquier medio disponible en el futuro. Se aportarán 310 millones de euros de las arcas públicas para una ley que ahorrará 300 euros al año por cada ciudadano.
Fernández de la Vega insistió en que los ciudadanos podrán elegir qué canal prefieren para usar los servicios públicos y las administraciones deberán garantizar el acceso a las personas que carezcan de medios propios o conocimientos suficientes para usar los medios electrónicos. De esta forma, quienes quieran podrán usar los medios electrónicos para pedir información, hacer solicitudes, transacciones, oponerse a resoluciones y actos administrativos y cuantos derechos y facultades les reconoce el ordenamiento jurídico administrativo, de forma que se faciliten y agilicen los procesos burocráticos.
La futura ley se convierte así en un punto de partida de "una nueva generación de derechos de los ciudadanos: los derechos digitales", señaló la vicepresidenta.
Asimismo, la vicepresidenta afirmó que la norma incrementa la transparencia, la accesibilidad y los derechos de los ciudadanos, que podrán usar los medios electrónicos "con la misma validez jurídica e idénticas garantías" que cuando se relacionan con la Administración por los canales tradicionales.
Así, la norma prevé la creación de la figura del Defensor del Usuario de Administración Electrónica, que será el encargado de velar por los derechos de los ciudadanos y las empresas, y atenderá las quejas que se produzcan por la vulneración de esos derechos.