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La defensa de un imputado por el caso "Matanza Cofrade" apela a su derecho de "libertad artística"

El abogado de uno de los imputados por el videojuego Matanza Cofrade, acusado de ofensivo para la Semana Santa sevillana, ha apelado a su derecho constitucional a la libertad artística y ha asegurado que no hizo ningún "escarnio ni mofa" a la religión católica. En un escrito dirigido al juzgado de instrucción 9 de Sevilla, el defensor de este acusado, empleado de la casa discográfica, sostiene que no fue suya la decisión de incluir el videojuego en el CD del grupo de rock Narco.

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L D (EFE) El representante legal de este joven, uno de los dos imputados en la causa junto con el autor material del videojuego, solicita que su cliente sea excluido del caso pues la "decisión creativa y artística" de incluirlo fue tomada por el grupo musical junto con el autor.
 
No obstante, su escrito apela al derecho a "no ser censurado por una obra artística" y a ver respetado "el principio fundamental de derecho a la libertad artística". Considera además que no se ha demostrado que el videojuego –que invitaba a disparar contra muertos vivientes nazarenos y mujeres de mantilla, sobre un fondo con las imágenes del Gran Poder y la Macarena– hiciese "escarnio, mofa o vejación de la religión católica o sus practicantes".
 
Admite que las imágenes "podrían ser de mal gusto", pero todo ello está muy lejos de un delito por falta de dolo o voluntad de ofender, según la defensa. Finalmente, el letrado sostiene que los hechos tampoco violan el derecho a la propiedad intelectual alegado por las acusaciones.
 
La denuncia por estos hechos, presentada por la hermandad del Gran Poder de Sevilla, se encuentra a la espera de que presente sus alegaciones el letrado del principal imputado, después de que la Fiscalía de Sevilla haya considerada concluida la instrucción y haya pedido procesar al informático por un delito contra los sentimientos religiosos.
 
Los 5.000 discos del grupo Narco con los que se iba a repartir
Matanza Cofrade fueron retirados del mercado por la Guardia Civil en noviembre de 2002, tras la denuncia de la hermandad sevillana. La Fiscalía ha imputado al informático un presunto delito del artículo 525 del Código Penal, que prevé una multa de ocho a doce meses, con cuota diaria según la capacidad económica del acusado, para quienes ofendan públicamente, hagan escarnio y vejen los sentimientos religiosos.

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