La llamada inquiokupación, protagonizada por inquilinos que dejan de pagar el alquiler, se ha convertido en la forma más extendida de okupar una vivienda desde que en 2020 el Gobierno aprobó el polémico decreto antidesahucios que ya ha prorrogado hasta en 11 ocasiones en los últimos cinco años. "En la Comunidad de Madrid existen 9.000 casos como el nuestro y, en España, alrededor de 80.000", asegura Carmelo Sevilla, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
Tanto él como otras tres víctimas han participado este jueves en las primeras jornadas sobre okupación organizadas por el Gobierno autonómico con el fin de visibilizar y buscar soluciones a una lacra que arruina la vida a miles de familias que distan mucho de la imagen que algunos pretenden ofrecer. "No somos rentistas. El 93% de las personas que sostenemos el mercado del alquiler somos pequeños propietarios, pequeños ahorradores que sufrimos esta lacra", insiste Carmelo, que asegura que, en todo caso, el quebrante económico no es lo peor.
"Lo peor es el quebranto emocional. Hay gente que nos llama desesperada diciéndonos que quiere iniciar una huelga de hambre o incluso que quiere suicidarse. Es inhumano; un daño insoportable, porque para mucha gente es su único recurso", subraya este pensionista, que lleva más de seis años manteniendo a sus propios inquiokupas.
El caso de Carmelo
"Yo siempre le digo a la gente que piense qué le parecería si llega su jubilación y, cuando va a rescatar su plan de pensiones, el Gobierno le dice que no, que es para ellos, y no solo eso, sino que encima tiene que poner dinero, porque eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros, que no solo no cobramos ni un euro, sino que tenemos que seguir pagando impuestos y hasta sus suministros".
Sus inquiokupas le deben ya más de 75.000 euros. "Y lo que era un complemento de mi pensión, se ha convertido en un decremento, porque todos los meses tengo que poner 350 euros. Y es insoportable, porque encima no ves la luz al final del túnel", denuncia indignado.
El caso de Eva
El caso de Eva no es muy distinto. Su madre lleva cinco años pagando la hipoteca de una casa que no puede disfrutar y manteniendo con su pensión a una inquiokupa que se declaró vulnerable y que, tal y como ha descubierto después, lleva viviendo de ayudas sociales desde 2009 sin que nadie revise su situación.
"Si una persona puede llevar tanto tiempo siendo vulnerable es que algo está fallando en el sistema y que no se le está dando una opción de trabajo, de estudios o no se le está incentivando", apunta con la voz resquebrajada. Y lo peor es que, encima, tanto ella como muchos otros propietarios tienen que sufrir todo tipo de amenazas. "Ahora me ha denunciando por salir en los medios", lamenta.
El caso de Mariano
Mariano no es pensionista, pero está separado, tiene 50 años y una hija de 14 con la que no tiene más remedio que vivir en casa de su madre la semana que le corresponde su custodia. "Cuando era joven, yo tuve la inquietud de comprarme una casa. Mis amigos salían todos los días de fiesta, pero yo no, porque sabía que una casa es un bien fundamental", recuerda. Después, conoció a su exmujer y, como ella no quería vivir allí, la alquiló y se fueron a vivir a otra. El problema llegó cuando se separó y le comunicó a su inquilino que necesitaba recuperarla: "Ahí comenzó mi pesadilla. Me dejaron de pagar y no se fueron".
Al mes, su inquiokupa se divorció y solicitó la vulnerabilidad. "Fue todo una estrategia, porque su ex sigue viviendo allí. Y lo sé porque al año y medio montó una empresa de construcción y la sede, la dirección, es mi casa. Y, mientras tanto, yo tengo que pagarle el agua, la luz y la hipoteca —denuncia Mariano—, así que a mí sí que me dejan en situación de vulnerabilidad, porque ella gana 1.200 euros que son íntegros para ella porque está viviendo a mi costa, pero a mí, si no fuera por mi madre, me quedarían 700 euros para alquiler, dar de comer a mi hija, etc. Y es muy duro tener a mi madre de escudo social… ¡A una jubilada de 80 años!".
Por si fuera poco, ha llegado a tener que pagarle una factura de 2.300 euros, porque tenían la luz trucada y, cuando la compañía eléctrica fue a hacerles la revisión, le pasaron todos los recibos. "Es decir, que yo, que pago mis impuestos y todo, tengo que pagar las fechorías de otras personas y tengo que compartir una habitación de 7 metros cuadrados con mi hija de 14 años en casa de mi madre. Y eso es duro para mí, pero yo tengo 50 años y lo puedo soportar; mi hija, no", lamenta.
A las quejas de la menor se suma el peligroso mensaje que esta situación le envía tanto a ella como a otros jóvenes. "Yo siempre le he intentado transmitir la cultura del esfuerzo y que, si quiere ganar algo más que yo, tiene que estudiar, esforzarse, le doy mucha caña con el inglés… Y mi hija me dice: ‘pero si los que viven en nuestra casa no se esfuerzan nada y tú les pagas todo...’. ¿Esa es la sociedad que queremos?, reflexiona indignado.
El caso de Jacqueline
La encargada de cerrar las primeras jornadas sobre okupación de la Comunidad de Madrid ha sido Jacqueline, una joven a la que la solidaridad ha terminado saliéndole cara. Le alquiló su único piso a una amiga que era madre soltera: "Pensé que yo podía buscarme cualquier habitación o cualquier cosa, pero ella, al tener una niña pequeña, no". Lo que nunca imaginó es lo que sucedería después. "Me dijo que no me iba a pagar nada porque, como madre soltera, la ley la ampara, y ahora me insulta, me amenaza, me ha puesto denuncias falsas y que dice que, si me acerco a mi piso, va a seguir haciéndolo", lamenta entre lágrimas.
Su situación es tremendamente delicada: "Yo estoy pagando esa hipoteca y no tengo nada más. No tengo familia aquí y voy a los Servicios Sociales y lo único que me dicen es que puedo ir a un comedor social o dormir en un albergue. Si no fuera por la caridad de amistades que me dejan un colchón o un sofá estaría en la calle viviendo como una indigente, cuando yo tengo mi propiedad. ¿De verdad hay derecho a esto?".