El Gobierno ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley de consumo sostenible, un amplio paquete legislativo que pretende prohibir la publicidad de los productos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera más contaminantes como, por ejemplo, los vuelos cortos, los combustibles fósiles y los vehículos propulsados solo por ellos, es decir, aquellos que no sean híbridos o eléctricos.
Así lo ha dado a conocer el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes, donde también ha anunciado que la norma también prohibirá la subida de precios en la reventa de entradas e incluirá medidas para regular la publicidad de las alarmas antiokupas, la obsolescencia programada, la reduflación y lo que se conoce como 'greenwashing' o 'ecopostureo'.
Pero, sin duda, la prohibición más destacada es precisamente es la que afecta a los anuncios de productos energéticos compuestos exclusivamente por derivados de origen fósil como la gasolina, en los que no participan componentes renovables. La limitación se aplicará cuando los anuncios sean emitidos por empresas del sector del carbón o del petróleo, quedando excluida de esta prohibición el gas.
También se prohíben los anuncios de vuelos cortos cuando exista una alternativa más limpia y que no suponga un aumento de más de dos horas y media del trayecto cuando este tenga origen y destino dentro de la Península; y la publicidad de los vehículos que sean impulsados exclusivamente por combustibles fósiles, como la gasolina o el diésel.
Los periodistas han preguntado a Bustinduy por los efectos de esta prohibición y el ministro ha contestado que lo que buscan "actuando sobre la publicidad de los vehículos más contaminantes y de los combustibles fósiles es acelerar la transición industrial y productiva para hacer que sea más competitiva y que pueda garantizar la accesibilidad y la justicia social en esta transformación".
Publicidad del miedo y ecopostureo
Consumo regulará además la conocida como 'publicidad del miedo' que, tal y como ya avanzó Libre Mercado, afectará principalmente a las aseguradoras y a las empresas de seguridad y alarmas que pongan el foco en la okupación.
Por otro lado, la norma prevé medidas contra el 'ecopostureo' o 'greenwashing', es decir, la estrategia que utilizan algunas empresas para vender productos supuestamente sostenibles que en realidad no lo son. También se va a establecer un sistema para certificar, de manera objetiva, aquellas valoraciones que se hagan sobre las cualidades o virtudes de un producto "verde".
Respecto a la obsolescencia programada, una práctica con la que las empresas reducen intencionalmente la vida útil de productos como los electrodomésticos para que sean reemplazados antes de tiempo, la normativa aumentará en 12 meses la garantía de los productos si el consumidor opta por repararlos en lugar de sustituirlos.
Según la nueva normativa, el productor, el comercializador o el importador cuando el productor esté fuera de la Unión Europea, deberán asumir el 20% del coste de reparación durante los dos primeros años tras el fin del plazo de garantía legal. Esta obligación se sitúa en el 10% en el tercer año y en el 5% en el cuarto. El anteproyecto prevé implementar una plataforma en línea donde los consumidores puedan acceder de forma gratuita a reparadores solventes a los que pedir presupuestos y solicitar reparaciones.
Reventa de entradas y reduflacción
En relación con la reventa de entradas, la norma prohibirá esta práctica cuando se aplique un aumento de precio superior al IPC desde el momento de la compra inicial. "Es una práctica abusiva, especulativa, que no aporta ningún valor a la industria cultural, pero que sí hace que se establezcan barreras de clase para el acceso y el disfrute de la cultura", ha manifestado Bustinduy, que ha avisado de que Consumo podrá sancionar y bloquear las webs que se dediquen a esto.
Por otra parte, la futura norma también regulará la práctica comercial conocida como reduflación, es decir, la reducción de la cantidad de contenido vendido sin avisar previamente cuando redunde en un incremento del precio por unidad.
Consumo obligará a las empresas a notificar de forma clara y comprensible si reducen el contenido de un envase o el número de unidades incluidas en un paquete sin bajar el precio. Las empresas dispondrán de un plazo de máximo 90 días desde la primera comercialización para indicar de forma legible y visible de las nuevas características del producto comercializado.
El texto del anteproyecto entra ahora en fase de audiencia e información pública. Tras ello, volverá a ser debatido en el Consejo de Ministros y enviado al Congreso para su aprobación.