Lejos de reducirse, los casos de okupación continúan al alza y las víctimas ya no son únicamente propietarios de viviendas. Desde hace casi cinco meses, una mafia ha okupado un hotel en venta situado en Adeje (Tenerife) y, según denuncian sus dueños, los cabecillas de la misma estarían alquilando o vendiendo las habitaciones por hasta 3.000 euros, frente a la pasividad de la Justicia.
"Hemos interpuesto una denuncia civil y otra penal. A la primera todavía no nos han respondido, pero a la segunda, el juez ha dicho que no ve indicios de criminalidad y que el desalojo preventivo es una medida desproporcionada, porque tienen derecho a defenderse", lamenta la dueña, que jamás había imaginado una respuesta similar por parte de los tribunales.
"A mí, sinceramente, me parece surrealista que puedan decir algo así cuando es evidente que se han metido en una propiedad que no es suya, se están lucrando con ella y allí hay robos, peleas y de todo —apunta indignada—. Y estamos hablando de más de 300 personas, porque no solo han okupado las 92 habitaciones; es que están viviendo hasta en el cuarto de basuras, el de mantenimiento, en el economato, en la recepción, en el spa… Y no es que sea algo que digamos nosotros, es que ahí están las fotos, los vídeos y las llamadas a la Policía".
Tal y como explica Margarita, el juez ha ordenado ahora que se identifique y cite a los 300 okupas, alegando que tienen derecho a defenderse. "Pero claro, si van cambiando… ¿Cómo vamos a poder identificarles a todos? Es casi una misión imposible, porque, cuando tengamos a unos identificados, llegarán otros y el problema es que están tratando este caso como si fueran 300 viviendas okupadas y no un hotel. Y eso por no hablar de lo que puede ser que, de repente, soliciten 300 abogados de oficio", advierte.
Condenados a la ruina
Mientras tanto, ella y su marido tienen que seguir pagando la hipoteca, los impuestos y los gastos, incluida la luz: "Y la factura es cinco veces superior a la que teníamos cuando el hotel estaba en marcha, porque, claro, a nosotros se nos imponía un aforo que no podíamos superar y ahora allí entra todo el que quiere y hacen lo que les da la gana". Con todo, sus gastos mensuales superan los 30.000 euros, una cantidad elevada para cualquier bolsillo, pero más si cabe para una empresa familiar que, además, lleva años queriendo vender el hotel precisamente porque las cuentas no le salen.
"Cerramos con la pandemia e intentamos abrir en octubre, pero era imposible salir adelante porque, además, las ayudas que daba el Gobierno no eran ayudas, había que devolverlas, así que decidimos ponerlo en venta y, en febrero, justo cuando empezábamos por fin a tener visitas de compradores interesados, nos lo okuparon y así seguimos", lamenta Margarita, que insiste en que, el hecho de que esté en venta, no significa que no les esté generando un grave perjuicio económico.
Peligros y chantaje
Por si fuera poco, a la ruina económica, se suma el peligro que supone la okupación en sí misma. "Ten en cuenta que están usando bombonas de gas en las habitaciones y ahora mismo no está funcionando el sistema antincendios, por ejemplo, o sea que allí puede pasar cualquier cosa. Además, hay un depósito de gas que ahora mismo no está lleno, pero sí que tiene un 10%, con lo cual es un peligro. Y tampoco sabemos cómo están las piscinas. Así que si pasa algo… ¿Quién es el responsable?", se pregunta desesperada.
Con todo, sus esperanzas están puestas ahora en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ante la que ya han presentado un recurso. Antes de recurrir a los tribunales, optaron por la vía extrajudicial. Sin embargo, tampoco lograron nada por esa vía. "Contratamos a Desokupa y, cuando fueron a hablar con ellos, nos pidieron 250.000 euros y que les buscáramos otro sitio para vivir. Ellos lo verían y luego ya decidirían si les compensaba o no. ¿Y de verdad el juez no ve indicios de criminalidad? Porque para mí eso es un chantaje en toda regla", insiste visiblemente enfadada.
El mensaje al Gobierno
A la mafia que originalmente okupó el hotel, y que se cree que podría estar formada por personas de origen colombiano, se han sumado okupas de todo tipo: españoles, inmigrantes traídos ex profeso, gente vulnerable y gente que, según Margarita, "trabaja y tiene sus coches nuevos".
Sea como fuere, la propietaria insiste: "Si hay un problema de vivienda, que yo no digo que no lo haya, porque indudablemente el Gobierno no ha hecho vivienda social en muchos años, no es un problema que nosotros tengamos que asumir como empresa privada o como particulares".
En su caso, además, se trata de una empresa familiar que, tal y como subraya, fue levantada con mucho esfuerzo por su padre. "Nació en el año 35, vivió la posguerra en una casa que no tenía techo ni baño y te puedo asegurar que fue un trabajador nato; se lo curró, todo lo que consiguió lo consiguió con su propio esfuerzo y murió con 84 años trabajando hasta el último día —insiste— y la verdad es que me dan ganas de llorar pensando en que todo su esfuerzo y el nuestro lo están echando por tierra estas personas".