El Gobierno de España ha sufrido un nuevo varapalo judicial en el marco de los litigios internacionales por los recortes retroactivos a las energías renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, ha rechazado por unanimidad la solicitud española para anular un laudo de más de 106 millones de dólares dictado en favor de Eurus Energy Holdings Corporation, empresa japonesa vinculada al grupo Toyota.
El comité ad hoc encargado de analizar la petición —presidido por Bernard Hanotiau e integrado por Katherine Gonzalez Arrocha y Penelope Ridings— concluye que España no logró demostrar ninguno de los motivos que el Convenio CIADI contempla como válidos para proceder a la anulación de un laudo.
El fallo confirma que el Reino de España vulneró el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) al alterar de forma sustancial y retroactiva el marco legal que incentivaba las inversiones extranjeras en energías limpias, afectando la rentabilidad de los proyectos eólicos desarrollados por Eurus, que fueron pioneros en posicionar a España como líder en el sector. El argumento del Estado español, que giraba en torno a supuestas "faltas de motivación", errores procesales y desviaciones jurídicas, fue desestimado en su totalidad.
Más de 1.800 millones pendientes de pago
Con esta decisión, el CIADI vuelve a dar la razón a los inversores y amplía la lista de derrotas judiciales del Gobierno español en este ámbito. A día de hoy, España acumula 26 laudos condenatorios con un pasivo pendiente de 1.492,7 millones de euros, más otros 385,1 millones en intereses, costas y gastos derivados de su estrategia de impago.
Aunque en junio de 2025 el Ejecutivo abonó por primera vez uno de estos laudos —el correspondiente a JGC Corporation, también de origen japonés—, el grueso de las condenas sigue sin cumplirse. Esto ha llevado a los acreedores a buscar vías de ejecución en terceros países.
De hecho, el fallo sobre el caso Eurus llega tan solo unas semanas después de que tribunales belgas embargaran los ingresos por tasas aéreas que España percibe a través de Eurocontrol y Enaire, en el marco de otro caso (RREEF) también vinculado a los recortes en las renovables.
La presión internacional sobre el Reino de España aumenta, y los tribunales arbitrales siguen desestimando, uno tras otro, los intentos del Estado por eludir sus responsabilidades.