El Ministerio de Sanidad no ha logrado que el Consejo de Ministros valide la propuesta de reforma de la Ley del Tabaco que Mónica García quería llevar al Congreso. Esta negativa, de la que Libre Mercado ha sido informada por fuentes conocedoras del proceso, confirma las graves tensiones internas en el seno del Ejecutivo y el profundo malestar que han generado las propuestas de la dirigente comunista.
El plan estrella de la ministra se atasca en plena canícula, y lo hace por una mezcla de desautorización política, errores legales de planteamiento y la voluntad de Pedro Sánchez de enfriar una propuesta polémica que llega tras varios encontronazos con otros gobiernos europeos que ven con muy malos ojos las iniciativas prohibicionistas de la titular de la cartera de Sanidad.
En abril, el equipo de Mónica García intentó colar por la vía del Real Decreto una modificación sustancial del marco regulatorio del tabaco, incluyendo nuevas restricciones para fumar en espacios abiertos, la prohibición total en terrazas, límites severos a productos como el tabaco calentado y la introducción de conceptos jurídicamente discutibles sobre el "humo ambiental" o la exposición pasiva. El 'decretazo' plantea severas restricciones a las bolsas de nicotina, lo que ha motivado severas críticas a nivel europeo. No en vano, el prestigioso European Centre for International Political Economy (ECIPE), en un estudio dirigido por Hosuk Lee-Makiyama, ha advertido de que esta clase de prohibiciones no solo vulnera principios de proporcionalidad y armonización europea, sino que también puede derivar en litigios internacionales.
Aquella iniciativa fue duramente criticada, no solamente por los sectores afectados, sino también por expertos legales y constitucionalistas, que alertaron sobre la inseguridad jurídica de muchas de sus disposiciones. El texto, además, no pasó los filtros internos de las instituciones europeas, puesto que fue contestado por numerosos gobiernos comunitarios, caso de Suecia, Chequia, Hungría, Italia o Rumanía.
La nueva línea de trabajo en la que se ha centrado Mónica García es la de una Proposición de Ley que, a la luz de los resultados, ha seguido el mismo camino de improvisación. La pieza ha sido presentada sin consenso, sin coordinación técnica y sin un verdadero proceso de diálogo con los actores implicados. El resultado ha sido el esperado: sin el visto bueno del Consejo de Ministros, la propuesta ha quedado congelada.
Rechazo socialista
En La Moncloa ha cundido una actitud de recelo hacia Mónica García, al considerar el flanco socialista del gobierno que sus socios comunistas han planteado modificaciones muy restrictivas que generan el rechazo del propio sector afectado, pero también de amplias capas de la sociedad. Un buen ejemplo lo tenemos en la encuesta elaborada por 40DB que muestra que, en caso de que se limite el contenido de las bolsas de nicotina, un 30% de los ciudadanos fumará más tabaco convencional y otro 30% se hará con dicho producto en el "mercado negro" o a través del contrabando, cuya incidencia en Europa asciende a 15.000 millones según estimaciones de KPMG. El citado sondeo de 40DB muestra asimismo que cuatro de cada cinco usuarios de productos de tabaco sin combustión han abandonado el tabaco tradicional, de modo que las alternativas que permiten una reducción de daño cuentan con el aval de millones de consumidores en España.
En el PSOE son conscientes de esta circunstancia y también saben que avanzar en la línea propuesta por Mónica García supone un problema de primer orden en su tradicional feudo de Extremadura, donde el cultivo del tabaco soporta miles de empleos en las comunidades rurales de La Vera, Campo Arañuelo, Plasencia o el Valle del Alagón. De hecho, la Asamblea de Extremadura ha aprobado un pronunciamiento institucional a favor de este segmento agrícola con los votos a favor de PSOE y Unidas por Extremadura, que se han adherido a PP y Vox en sus reivindicaciones a favor de dicha industria, que han definido como un sector "innovador, respetuoso con el medio ambiente y situado a la vanguardia de Europa". Se estima que más de 3.000 familias están en vilo por la propuesta de García, especialmente al norte de la provincia de Cáceres, donde se sitúa el grueso de estas explotaciones.
Fuentes cercanas al gobierno señalan que la ministra de Sanidad ha actuado sin coordinar con otros departamentos clave, como Economía o el propio área de Presidencia, lo que ha terminado bloqueando el camino legislativo de su polémica Ley del Tabaco. Ni el decreto que se filtró en primavera —sin memoria económica ni participación de los sectores afectados—, ni la marejada que ha levantado dicha propuesta en Europa ni la reciente propuesta de Proposición de Ley han logrado, por tanto, el respaldo necesario para que Mónica García haga valer sus tesis prohibicionistas.