
El debate sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz entra en una fase decisiva. Su cierre está previsto para 2027 y 2028, según lo pactado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2019, pero un informe de FEDEA elaborado por Diego Rodríguez (UCM y FEDEA) alerta de que mantener ese calendario supondría un golpe para la descarbonización y para el bolsillo de los consumidores.
El documento advierte de que la clausura de las dos unidades obligaría a cubrir la demanda con ciclos combinados de gas, especialmente en los tramos horarios en los que la fotovoltaica no produce. Según el informe, un aumento del 10% en el precio de mercado de la electricidad elevaría la factura de los hogares un 5,8%, mientras que el impacto de la fiscalidad nuclear sobre la renta de los hogares apenas ronda el 1%, de modo que el encarecimiento neto será más que notable.
Además, la pérdida de generación nuclear haría prácticamente imposible alcanzar el objetivo de reducción del 60% de emisiones en el sector eléctrico en 2030, comprometiendo la meta de descarbonización que proclama el gobierno de Sánchez. Sin Almaraz en funcionamiento, será necesario cubrir la generación con ciclos combinados de gas, especialmente en horas sin sol o viento, lo cual incrementará las emisiones de CO2.
Asimismo, la caída en generación eólica y la falta de almacenamiento suficiente agravarán el problema, ya que el mix energético no podrá responder adecuadamente al pico de demanda, resucitando así el fantasma de los apagones que se materializó el pasado abril. En paralelo, el incremento de costes y emisiones retrasaría la electrificación de sectores clave para el futuro, como los centros de datos o el transporte, disminuyendo la competitividad de la economía española y dificultando el despliegue de nuevas tecnologías que requieren fuertes inversiones, caso del hidrógeno verde.
Impuestos que pagan las centrales
El estudio analiza los impuestos que pagan las centrales y trae a colación su falta de vigencia y sentido en 2025. Por un lado, apunta que el Impuesto sobre el Combustible Nuclear Gastado (ICNG) recaudó 251 millones de euros en 2024, pero que su razón de ser ha desaparecido, ya que fue creado en 2012 para "cubrir la deuda de tarifa", que en 2013 alcanzó casi 30.000 millones de euros. Puesto que hoy esa deuda está prácticamente saldada (en 2026 los pagos caerán de 2.390 M€ a 1.883 M€, y en 2028 quedará un remanente de apenas 278 M€), dejar dicho tributo en pie carece de sentido - pero hace inviable económicamente la vida de una de central que, en ausencia de tales trabas, podría operar sin problema.
Almaraz también aporta unos 170 millones anuales a través de la llamada tasa Enresa. El informe subraya que prolongar la vida de la planta abarataría automáticamente esa tasa, ya que los ingresos adicionales superarían con creces los costes extra, estimados en unos 21,5 millones para un nuevo almacén de residuos. A ello se suma el impuesto autonómico extremeño, de 0,005 €/kWh, que genera alrededor de 82 millones anuales. Su revisión o eliminación, señala Fedea, podría facilitar un acuerdo para la continuidad de la central, en línea con lo que reclama el Ejecutivo autonómico.
Según el think tank, experiencias similares en otros países que han prescindido de la nuclear confirman el patrón identificado en su informe: mayor dependencia del gas, más emisiones de CO2 y una electricidad más cara. El caso más paradigmático es Alemania. Tras cerrar su último reactor en abril de 2023, el país se ha visto obligado a recurrir de nuevo al carbón y al gas, lo que ha supuesto un retroceso en la reducción de emisiones. En 2011, la nuclear aportaba más de un tercio de la generación eléctrica alemana, y diversos estudios han calculado el coste de su eliminación. Según PwC, de haber mantenido sus reactores en operación, Alemania habría alcanzado hasta un 94 % de electricidad libre de emisiones en 2024, frente al 61 % que realmente tiene ahora.
Ejemplos en otros países
Japón ofrece otro ejemplo contundente. Tras el desastre de Fukushima en 2011, el país decidió cerrar sus 54 reactores, lo que aumentó drásticamente su dependencia del carbón y del gas natural licuado importado. Estudios posteriores han estimado incluso que, de no haberse producido el apagón nuclear, Japón podría haber evitado 28.000 muertes asociadas a la contaminación atmosférica y ahorrado 2.400 millones de toneladas de CO2 entre 2011 y 2017.
Lituania también vivió un proceso traumático cuando se comprometió a cerrar la central de Ignalina como condición para ingresar en la Unión Europea. La pérdida de esa fuente estable de energía se tradujo en fuertes tensiones económicas: se calculaba una subida del 30 % en la factura eléctrica doméstica, una contracción del PIB de entre el 1 y el 1,5 % y un repunte de la inflación.
Incluso en países con abundantes recursos renovables, como Suiza, la salida de la nuclear plantea riesgos. Aunque la hidroeléctrica ha permitido sostener buena parte del suministro bajo en emisiones, el calendario de cierre total de los reactores para 2034 ha sido señalado por la Agencia Internacional de la Energía como un riesgo para la seguridad energética del país, sobre todo durante los inviernos en los que los niveles hídricos son bajos, obligando a depender de importaciones.
En un contexto global en el que la nuclear parecía estar en retirada, hoy observamos un resurgir en su desarrollo: actualmente hay entre 60 y 70 reactores nucleares en construcción en todo el mundo, sumando más de 70 GW de capacidad, una de las cifras más elevadas desde 1990. Pero la mayor novedad radica en los Small Modular Reactors (SMR) o mini-reactores: se cuentan nada menos que 127 diseños distintos en desarrollo, de los cuales siete ya están entrando en fase operativa o de construcción, y otros 51 se encuentran en proceso de licencia, con alrededor de 85 conversaciones activas entre desarrolladores y posibles emplazamientos.
Este impulso muestra que España navega a contracorriente y que la energía nuclear no solo mantiene su relevancia, sino que avanza hacia sistemas más flexibles, modulares y potencialmente más eficientes para responder a los desafíos energéticos del siglo XXI.


