El próximo 29 de septiembre, si todo va según lo previsto y no se producen las modificaciones de agenda que en ocasiones se dan en el sistema judicial norteamericano, el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará una petición clave presentada por el Gobierno español para evitar la ejecución en territorio estadounidense de varios laudos arbitrales por los recortes retroactivos a las primas de energías renovables. Se trata de un litigio que enfrenta a España con grandes fondos internacionales y que podría costar al Estado más de 350 millones de euros si prosperan las reclamaciones.
Los laudos, dictados en distintos procedimientos del CIADI al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, condenan a España a compensar a inversores internacionales por las pérdidas sufridas tras los cambios normativos que redujeron las ayudas a la generación solar y eólica entre 2008 y 2014. Tras varias derrotas en tribunales federales, que han dado plena cobertura a los reclamos de estas empresas, el Ejecutivo español ha elevado el caso a la máxima instancia judicial estadounidense con el argumento de que goza de inmunidad soberana y, por tanto, los jueces norteamericanos no pueden obligar al pago de estas compensaciones.
La hoja de ruta
La estrategia española se apoya en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de EEUU, que protege a los Estados de ser demandados en tribunales norteamericanos, salvo en casos en los que hayan renunciado expresamente a esa protección. España sostiene que la firma de tratados de inversión y arbitraje no implica una renuncia automática a tal provisión, mientras que los inversores alegan que la adhesión al Convenio del CIADI supone una aceptación suficiente para ejecutar los laudos en Estados Unidos, que además no se pueden practicar sobre activos soberanos que jueguen un papel elemental en la acción exterior del país, como por ejemplo las embajadas.
Hasta ahora, los tribunales competentes han dado abrumadoramente la razón a los inversores, respaldando la ejecución de las sentencias arbitrales. En paralelo, cortes de otros países, como Australia o Reino Unido, han rechazado también los intentos de España de escudarse en la inmunidad soberana. Si el Supremo confirma ahora esas decisiones, los demandantes podrán registrar y ejecutar las condenas en territorio estadounidense, lo que abriría la puerta a embargos de activos españoles en ese país. Es, por tanto, el último cartucho que le queda a la Abogacía del Estado.
Dentro de la Unión Europea, además, el Gobierno español argumenta que el pago de las indemnizaciones podría contravenir las normas comunitarias sobre "ayudas de Estado", lo que añade un elemento de fricción con Bruselas, en línea con lo que el Ejecutivo ha venido argumentando sin éxito en los juicios celebrados hasta la fecha.
Fuentes jurídicas consultadas señalan que, a la luz de la jurisprudencia reciente, las probabilidades de que el Supremo estadounidense rechace la petición española "son elevadas". Aun así, no se descarta que los jueces opten "por una solución intermedia, que limite parcialmente la ejecución de los laudos o imponga condiciones adicionales", un escenario que dan por bueno los afectados, conscientes de que no es sencillo derrotar judicialmente a un gobierno como el español, que ha utilizado todo el aparato estatal para justificar sus impagos.
El fallo, que podría conocerse el propio 29 de septiembre pero también podría emitirse pasadas semanas o incluso meses, marcará un punto de inflexión en la larga batalla legal entre Madrid y los inversores en renovables. De momento, el próximo lunes es una fecha clave en el calendario.