El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a tropezar con su propia propaganda verde. Tras años de vender la "emergencia climática" como bandera política y de asfixiar al campo con normativas imposibles, el Ejecutivo se ha visto obligado a recular con la agenda verde después de que la Unión Europea fuese la primera en admitir su propio error.
El Consejo de Ministros aprobó este pasado martes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un real decreto que modifica varias disposiciones de la Política Agraria Común (PAC). Y aunque el Gobierno presenta la medida como una "mejora técnica", en realidad se trata de una rectificación impuesta por Bruselas y consensuada con las comunidades autónomas tras tres años de aplicación de una normativa que había generado malestar y pérdidas entre los agricultores españoles.
Las modificaciones, aprobadas por la Comisión Europea el pasado 18 de agosto, suponen un alivio para el sector agrario, que llevaba meses denunciando la rigidez y el coste de las obligaciones "verdes" impulsadas por el Ejecutivo bajo el paraguas de la llamada "emergencia climática".
Adiós a las restricciones "verdes" más polémicas
Entre los cambios más destacados figura la eliminación de la exigencia de mantener en verano una cubierta vegetal mínima del 20% en los cultivos leñosos. Esta obligación, impuesta en nombre de la sostenibilidad, había resultado inviable para miles de agricultores en zonas de secano, especialmente en años de sequía. Ahora, el Gobierno se ve obligado a aceptar la "flexibilización" que ya reclamaban tanto el sector como varias comunidades autónomas.
También se simplifican los ecorregímenes —uno de los pilares de la PAC "verde" impulsada por la ministra Teresa Ribera y defendida por Pedro Sánchez como ejemplo de "agricultura sostenible"— y se fija un porcentaje único del 7% de espacios de biodiversidad para explotaciones mixtas, reduciendo la complejidad burocrática que había desbordado a muchos productores.
Más concesiones a Bruselas y al campo
Otra medida que evidencia el giro del Ejecutivo es el reconocimiento de los sistemas agrivoltáicos —combinación de paneles solares y uso agrícola del suelo— como superficies admisibles para las ayudas de la PAC. Bruselas había pedido desde hace meses que España adaptara su plan estratégico a los modelos de otros países europeos, donde este tipo de proyectos se permiten con criterios técnicos claros. El Ministerio de Agricultura se limita ahora a prometer que "definirá posteriormente" esos criterios.
Asimismo, se aprueban ajustes en la gestión de los programas sectoriales de frutas, hortalizas y vino, así como una redistribución de fondos entre comunidades autónomas, con el objetivo —según el Gobierno— de "mejorar la ejecución presupuestaria". En la práctica, se trata de un intento de corregir la baja absorción de fondos que venía lastrando la política agraria del Ejecutivo.
Un giro político disfrazado de "ajuste técnico"
Aunque el ministro Luis Planas ha presentado el decreto como un paso más hacia una PAC "más justa y eficiente", la realidad es que el Gobierno de Sánchez ha tenido que moderar su agenda climática ante la presión combinada de Bruselas, las comunidades autónomas y las movilizaciones del campo.
En plena crisis de precios y con el malestar rural en aumento, Moncloa opta por rebajar las exigencias medioambientales que hace apenas unos años vendía como "ineludibles para salvar el planeta". De igual modo, abre el grifo de las subvenciones públicas para aplacar al sector primario sin abordar las reformas de fondo que permitirían aumentar la productividad del campo.