España se encuentra en un punto de inflexión demográfico y social sin precedentes. Según los últimos datos del INE, nuestra nación roza ya los 49,4 millones de habitantes, un récord histórico impulsado por un flujo migratorio que ha sumado 2,5 millones de personas nacidas en el extranjero en apenas cuatro años. Sin embargo, detrás de la frialdad de las cifras de empadronamiento se esconde una realidad inquietante: estamos creciendo en población, pero fallando en la integración laboral.
El reciente informe del think tank Foro Regulación Inteligente (FRI) arroja luz sobre una paradoja que debería activar todas las alarmas en el Palacio de la Moncloa. Mientras que la tasa de paro de los extranjeros (18,2%) supera con creces la de los autóctonos (11,6%), la tasa de actividad de los inmigrantes ha caído a su nivel más bajo en dos décadas. No es una cuestión de falta de voluntad; es un problema de diseño sistémico. El diagnóstico es nítido: España ha construido un laberinto burocrático que asfixia el dinamismo económico.
Los resultados de la encuesta de FRI son demoledores. Un 66,8% de los inmigrantes denuncia haber sufrido trabas administrativas insalvables para acceder a un empleo. No es el idioma ni la falta de cualificación el principal muro, sino el "papel". La paradoja alcanza tintes kafkianos cuando escuchamos la voz de los empleadores: el 87% de los empresarios valora positivamente el desempeño de sus trabajadores extranjeros, pero un 63% confiesa que contratar a un profesional de fuera es una odisea legal.
Esta desconexión entre oferta y demanda no es gratuita. El informe estima una pérdida de 5.100 millones de euros en salarios potenciales, un dinero que no circula, que no cotiza y que no ayuda a sostener nuestro sistema de bienestar. Pero el coste más alto no es el contable, sino el social. Como bien apunta el barómetro del CIS, la inmigración se ha consolidado como una de las tres principales preocupaciones de los ciudadanos. Cuando la integración laboral es lenta, el recelo crece. Una inmigración que no trabaja —o que se ve empujada a la economía sumergida por la imposibilidad de regularizar sus títulos y permisos— se convierte en el combustible perfecto para la polarización política.
Resulta imperativo que la Administración escuche las demandas del sector productivo. La simplificación de los trámites de extranjería, la agilización en la validación de títulos académicos y la creación de incentivos fiscales no son "concesiones", son herramientas de supervivencia económica.
Si España aspira a seguir siendo una sociedad próspera y cohesionada, no puede permitirse desperdiciar el talento de quienes llegan con el deseo de contribuir. La integración real no se firma en una oficina de empadronamiento, se consolida en el puesto de trabajo. Es hora de derribar el muro de la burocracia antes de que la fractura social sea irreparable.