El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado clara su intención de profundizar en la intervención del mercado del alquiler y prometer un aumento de la vivienda pública durante un acto en el desarrollo urbanístico de Campamento, en Madrid, que prevé la construcción de 10.700 viviendas asequibles, y que lleva años postergándose mientras los precios siguen disparados.
Sánchez ha defendido que el Ejecutivo intensificará el control sobre los precios del alquiler a través de un Real Decreto-ley, el primero del año 2026. Con esta norma, el presidente del Gobierno pretende "poner fin a la especulación con medidas para evitar las subidas en las renovaciones de contratos y combatir el fraude y los abusos en los alquileres de temporada y de habitaciones".
Se trata del primer decreto ley que lanza el Ejecutivo este año y con el que trata de sortear uno de los mayores problemas de la ciudadanía, la vivienda, tras siete años en el Gobierno. Sánchez plantea una bonificación del 100% del IRPF para los arrendadores que prorroguen los alquileres sin incrementar la renta. También fijará condiciones estrictas para que un inmueble sea considerado de temporada, donde fuentes del Ejecutivo detectan un mayor riesgo de "fraude" estableciendo un régimen sancionador si se incumple.
Otro de los puntos que recogerá este real decreto será el control del alquiler por habitaciones que no podrá superar la renta del contrato de la vivienda completa. Además Sánchez ha reiterado el compromiso del Gobierno con el aumento del parque público a través de la nueva Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, y el nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con más de 7.000 millones de euros.
Este anuncio se produce mientras el acceso a la vivienda, sobre todo a los jóvenes, continúa deteriorándose, y cuando muchas de las promociones públicas anunciadas por el Ejecutivo en los últimos años, continúan sin ejecutarse acumulándose retrasos.
La Ley de Vivienda
Esta nueva maniobra electoral llega después del duro golpe fiscal que el Gobierno de Pedro Sánchez asestó a los contribuyentes a través de la Ley de Vivienda. Hasta la entrada en vigor de esta norma, los propietarios podían aplicar una reducción del 60% en el IRPF sobre los ingresos del alquiler. Sin embargo, desde el 27 de mayo de 2023, el Ejecutivo recortó esa deducción al 50%, perjudicando de forma directa a todos los nuevos contratos y castigando a miles de pequeños caseros.
Ahora, tras haber penalizado fiscalmente a los propietarios, Sánchez intenta reforzar su imagen mediante una propuesta claramente electoralista, planteada a modo de chantaje y sin garantías reales. Una iniciativa que, además, deberá pasar por el Congreso de los Diputados y que ya ha sido rechazada por sus propios socios de investidura, como Sumar y Podemos, que han dejado claro que no la respaldarán.