El sistema ferroviario español, antaño orgullo nacional y joya de la corona de nuestra ingeniería, se enfrenta hoy a una crisis de seguridad y mantenimiento que ya no puede camuflarse bajo el brillo de las cifras de pasajeros. El reciente accidente de Adamuz, en el corredor Madrid-Sevilla, ha servido de catalizador para una realidad incómoda: la infraestructura está siendo exprimida hasta el agotamiento mientras el Gobierno de España parece más centrado en el relato político que en la seguridad técnica.
Entre las muchas excusas que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, puso ayer en el Congreso a la situación que atraviesa la red ferroviaria española, se encuentra la de que cada día viajan en tren en España 2 millones de personas. Así, decía el profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Pinto, en Con Ánimo de Lucro, lo que hace el presidente es "relativizar el accidente" dividiendo las 46 víctimas entre los 2 millones de personas que cada día usan nuestros trenes.
Los datos no admiten interpretaciones creativas. Desde la liberalización del servicio, el tráfico en nuestros corredores de alta velocidad se ha disparado. La unidad de medida del uso de las vías (trenes-kilómetro) refleja un incremento del 50% en apenas dos años. Es una explosión de actividad sin precedentes. Sin embargo, frente a este desgaste acelerado, la inversión real en mantenimiento y reparaciones se ha mantenido en una progresión inercial y raquítica, totalmente desacoplada de la presión que sufren los raíles y las catenarias.
El accidente de Adamuz no es una casualidad meteorológica ni un imprevisto del azar; es la consecuencia lógica de una red que está siendo operada bajo un estrés mecánico extremo sin el refuerzo de mantenimiento equivalente. Se está ignorando la física elemental: más trenes significan más vibraciones, más fricción y menores ventanas de tiempo para la reparación preventiva. Pretender que la seguridad se mantenga "invirtiendo un poco más" cuando el uso se multiplica por dos es, sencillamente, una temeridad administrativa.
Pero lo más preocupante no es solo el déficit de inversión, sino la respuesta política. En lugar de una asunción de responsabilidades técnica y rigurosa, el presidente del Gobierno ha optado por la huída hacia adelante. En sede parlamentaria, en un ejercicio de equilibrismo dialéctico impropio de quien lidera el Ejecutivo, el presidente se sacudió la responsabilidad del estado de las vías para deslizar una promesa que roza lo macabro: afirmó que buscarían "hacer justicia a las 46 víctimas si fuera necesario".
El deber de un Gobierno no es prometer "justicia" a posteriori para víctimas que todavía no existen, sino garantizar la seguridad a priori para que no haya víctimas a las que vengar. Hablar de justicia post-catástrofe cuando se está racaneando en el mantenimiento del día a día es un acto de cinismo insoportable. El "tren de la justicia" no debería ser el que llega tras el descarrilamiento, sino el que circula por vías seguras, mantenidas con el rigor que exige el sentido común y que, hoy por hoy, brilla por su ausencia en la gestión de Adif. El Gobierno debe dejar de jugar con la semántica de la tragedia y empezar a financiar la seguridad de los ciudadanos.