El gobierno de Pedro Sánchez, con su decisión de negarse a pagar los laudos que condenan a España por la retirada retroactiva de las primas renovables, ha inflado en 533 millones de euros el coste de estos litigios internacionales, disparando hasta los 2.300 millones la factura acumulada por una controversia que afecta a 27 inversores y empresas foráneas.
La saga arranca con la concesión de generosos incentivos fiscales y regulatorios a las energías verdes y continúa con el estallido de la Gran Recesión. La crisis sumió a España en una situación financiera insostenible y, entre 2010 y 2014, los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy acometieron distintos cambios que revertían las condiciones anunciadas originalmente.
Esta circunstancia dio pie a un sinfín de denuncias ante los tribunales internacionales de arbitraje. Las compañías que sufrieron esta situación de inseguridad jurídica alegaron que España era un país firmante del Tratado de la Carta de la Energía y, por tanto, no solamente estaba obligada a ofrecer un marco estable para sus inversiones sino que, además, quedaba ligada al dictamen de instancias como el CIADI en caso de que la controversia no pudiese resolverse por vía amistosa.
Ante la falta de acuerdo, los acreedores llegaron efectivamente al CIADI, órgano de arbitraje dependiente del Banco Mundial, donde obtuvieron numerosos dictámenes favorables. Sin embargo, el gobierno de Sánchez ha optado por no pagar la mayoría de estos laudos, con la salvedad de algunos acuerdos puntuales, como el que puso fin al litigio iniciado por la japonesa JGC.
El saldo acumulado en las 27 condenas que siguen pendientes de pago asciende a 1.754 millones de euros. Sin embargo, la estrategia del gobierno de Sánchez de incumplir los laudos ha traído consigo un sinfín de sobrecostes judiciales y financieros que ha engordado la factura adeudada hasta situarla por encima de los 533 millones de euros adicionales. Así, en febrero de 2026 se rebasará el umbral de los 2.300 millones.
Embargos y litigios internacionales
Amparándose en las reglas del CIADI, las empresas que no han visto satisfecho el pago de los laudos han optado por llevar a España ante los tribunales de países como Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña o Bélgica. Para reclamar el cumplimiento de las sentencias, han activado procedimientos de embargo que han afectado a bienes del Reino de España, como la sede del Instituto Cervantes en Londres o una cuenta bancaria con un saldo de 482 millones de euros.
Los procesos judiciales más avanzados son los que se están desarrollando en Estados Unidos y Australia. La magistratura norteamericana ha cerrado la puerta al gobierno de España y ha zanjado numerosos procesos a favor de los acreedores, de modo que el gobierno de Sánchez ha quemado su último cartucho pidiendo auxilio a la Corte Suprema. En el país oceánico, el Alto Tribunal ha fallado en contra del Reino y ha respaldado a los acreedores, legitimando posibles embargos sobre activos como la filial australiana de Navantia.