Mónica Lavín (PP): "Con la reforma de las leyes LGTBI y Trans se eliminan los privilegios de una oligarquía"

El anuncio de la la reforma de la ley LGTBI y la Ley Trans de la Comunidad de Madrid causó un amplio revuelo en la izquierda. Sus figuras más destacadas salieron a arremeter contra esta iniciativa el mismo día que el grupo parlamentario del PP la registró en la Asamblea de Madrid.

La todavía ministra en funciones de Igualdad, Irene Montero, señaló en X, antes Twitter: "Ayuso despliega su agenda reaccionaria. Que no olvide que está obligada a cumplir la ley". Precisamente muchas de las reformas introducidas por los populares van encaminadas a adecuar la normativa autonómica con la estatal. Yolanda Díaz también salió presta a pronunciarse: "El 23 de julio la comunidad LGTBI se movilizó por sus derechos. Es nuestro compromiso defenderla" y avanzó que "habrá un pacto de Estado a favor de los derechos y libertades LGTBI en toda España".

No obstante, Isabel Díaz Ayuso ya se comprometió a acometer estos cambios en la legislatura anterior, también en la campaña que desembocó en las elecciones autonómicas donde obtuvo mayoría absoluta. "Aquí estamos, la resistencia LGTBI y la resistencia trans. ¡No pasarán! Vamos a intentar por todos los medios frenar a la derecha y a la ultraderecha en la Asamblea", dijo en los pasillos de la Cámara autonómica la diputada de Más Madrid, Carla Antonelli.

El discurso guerracivilista de Antonelli fue a más durante el debate y llegó a tachar a la derecha de "terrorista" y le acusó de tener "machadas sus manos de sangre". "Les quiero decir una cosa, diputados y diputadas del PP y Vox: hoy, cuando apretéis el botón para votar esta infamia, por cada insulto que recibamos, por cada paliza que nos den, por cada asesinato que se cometa, por cada persona trans que acabe con la insoportabilidad de su vida, ¿saben ustedes una cosa? ¡Cuando aprieten ese botón pasaréis todos a tener las manos manchadas de sangre! ¡Esto es terrorismo hacia las personas trans!", exclamó. No quiso retirar sus palabras a pesar de que el presidente del Parlamento madrileño, Enrique Ossorio, se lo pidió.

Libertad Digital habla con Mónica Lavín, la diputada popular que este jueves defendió las reformas, que salieron adelante con los votos a favor del PP y Vox.

Cuando se presentó la proposición de ley que modifica la conocida como ley Trans de la Comunidad de Madrid y la ley LGTBI, Mónica García afirmó lo siguiente: "Le quita los derechos a las personas trans, el reconocimiento, las patologiza y supone la primera vez en décadas que la Comunidad va hacia atrás en el reconocimiento legislativo de las personas trans y LGTBI". ¿Qué hay de cierto en esta afirmación?

Absolutamente nada. No sólo no se quita ningún derecho a nadie, sino que la protección de todos se vuelve real, efectiva y plural. Además, eso es absurdo, los derechos nos los da la Constitución. Lo único que se eliminan son los privilegios injustificados de una oligarquía que tenía secuestrada la libertad de todos.

No se patologiza a nadie, se descriminaliza la atención de los profesionales sanitarios y se protege el derecho de los menores a la salud mental. Ahora los menores y sus familias contarán con el acompañamiento y asesoramiento permanente de médicos y profesionales.

¿Por qué modificar ahora la Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual cuando fue el propio PP el que la propició y votó a favor a diferencia de la conocida como Ley Trans, donde simplemente se abstuvo?

La reforma de ambas leyes sigue las recomendaciones de las sociedades médicas, de los grupos feministas y de juristas que reclamaban rectificar aspectos que ponían en peligro la seguridad jurídica, los derechos de las mujeres, el derecho a la salud y el trabajo de los profesionales sanitarios, la libertad de expresión y de cátedra, la presunción de inocencia, la pluralidad dentro de las personas LGTBI y la protección de la infancia.

El momento es ahora. Esta es una medida anunciada por la presidenta, forma parte del programa electoral que han votado la mayoría de los madrileños. Además, la ley estatal se aprobó en febrero del año pasado. Era necesario esperar a ver cómo se armonizaba la normativa autonómica con la estatal.

¿Es cierto que con estas reformas se vacían las leyes de contenido tal y como sostienen Más Madrid o PSOE?

No se vacían de contenido, al contrario, se despolitizan y se refuerzan. Se cambia ideología por ciencia, pluralidad, normalidad, y respeto a la Constitución.

¿Por qué se han derogado los artículos 6, 22 y 24 de la ley LGTBI?

El Consejo LGTBI queda derogado porque es un órgano paralelo a la administración que se dedicaría a legislar, a mandar, sin que lo haya elegido nadie, sin control jurisdiccional ni rendición de cuentas. Por cierto, ni siquiera había llegado a constituirse.

En cuanto a la participación de atención primaria en el apoyo al colectivo LGTBI en el medio rural, única y exclusivamente se elimina la obligatoriedad de pagar a esas asociaciones para que lo hagan ellas. Lo harán profesionales.

El centro de documentación y memoria histórica se elimina porque lo que pretende es la manipulación de la historia y su confiscación por una ideología. La historia LGTBI es como todas las demás historias: la tendrán que hacer los historiadores, con rigor científico y veracidad, y cualquier persona que libremente quiera estudiarla podrá escribirla; o los profesionales que quieran divulgarla. Libremente.

¿Supone esto, como mantienen algunos expertos desde la izquierda, blindar una práctica extendida en la Comunidad de Madrid que consiste en no aplicar las normas aprobadas en 2016?

Se trata de legislar atendiendo a la realidad del momento. Era necesario garantizar la libertad de expresión y la libertad de cátedra, suprimir los artículos que censuraban libros, imponían contenidos y ponentes de los cursos, que ahora se profesionalizan (médicos, enfermeras, profesores), y todos aquellos en definitiva, que busquen la ingeniería social o imponer una sola forma de pensar asociada a las personas LGTBI, que son plurales y libres.

También ha causado rechazo la derogación del artículo 7 de la Ley Trans, referente a la documentación administrativa. Pero esto está contemplado en la ley estatal. ¿A qué cree que se debe ahora esta crítica?

Lo que hace la reforma es remitirse a la norma estatal, que es la que regula los aspectos que tienen que ver con la documentación administrativa. No tiene sentido tener dos regulaciones para lo mismo, esto va en contra de la seguridad jurídica. La crítica, como todas las que está haciendo la izquierda a propósito de esta reforma, sólo pretende agitar, enfrentar y sembrar el miedo. Una vez más la izquierda está instrumentalizando y colectivizando para dividir.

Y uno de los asuntos más espinoso: el que te tiene que ver con la infancia y la salud mental a través del apoyo psicológico. ¿Por qué han introducido reformas en este sentido?

Era un clamor de las principales sociedades científicas de nuestro país: (Asociación Española de Pediatría, Asociación Española de Psiquiatría del Niño y de la Adolescencia, Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental) y de muchas familias. Lo que se pretende es garantizar la protección de los menores y su acompañamiento por los expertos en la materia durante todo el proceso. Lo que no puede ser es que cuando más necesita un menor de una evaluación esta esté prohibida.

También hacen desaparecer la inversión de la carga de la prueba, que obliga al acusado de discriminar a personas trans a demostrar su inocencia

La reforma pretende que todos los artículos de la ley sean congruentes con la Constitución. Se busca mayor seguridad jurídica. Que no por proteger los derechos de unos se conculquen los derechos de otros. Se pretende garantizar, en este caso, el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.