El alcalde de Madrid lo tiene claro: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debe dimitir después de que se conociera de que la orden para que la Fiscalía de Madrid desvelara las comunicaciones secretas entre el abogado del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y el fiscal del caso, Julián Salto, partiera de él. Fue una noticia adelantada por El Mundo que el fiscal general no ha desmentido.
González Amador estudia ya una querella contra estas filtraciones de la Fiscalía y podría no ser la única. Este lunes se reúne la Junta del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para estudiar esta actuación que fue calificada por el ICAM de "extrema gravedad". "La Junta de Gobierno del ICAM examinará con todo detalle estos hechos con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional, como pilares básicos del derecho de tutela judicial efectiva – piedra angular de nuestro Estado de Derecho- llegando hasta las últimas consecuencias".
"Creo que va a haber una denuncia", señaló José Luis Martínez Almeida sobre las acciones emprendidas por González Amador. Y "el ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid creo que también se está planteando presentar una denuncia penal", añadió Almeida, "porque hay que poner límites a la persecución, al señalamiento y al hostigamiento al adversario político. Y la utilización del Ministerio Fiscal por parte del fiscal general del Estado, que es quien da la orden personalmente, de filtrar un documento que forma parte del secreto profesional, es un hecho gravísimo y casi sin precedentes".
Esta filtración es para el regidor capitalino – abogado del Estado de formación- algo gravísimo porque "el Ministerio Fiscal ha filtrado el secreto profesional, porque ese documento que se presenta por parte de la representación procesal de la pareja de la presidenta forma parte del secreto profesional". Estos hechos, explicó, "tienen pinta de ser casi delictivos: que el Ministerio Fiscal de forma deliberada, de forma intencionada, de forma consciente y voluntaria haya filtrado ese documento".
Así las cosas, Almeida pidió la dimisión del fiscal general del Estado. "Me gustaría saber cómo es posible que en España se pueda llegar a una actuación de estas características. El fiscal general no puede continuar ni un minuto más en su puesto porque él es quien da la orden de filtrar ese documento".
Para el alcalde, esto "no es una cuestión baladí ni un asunto menor" porque "esto afecta a la esencia misma de la democracia y del Estado de Derecho: el Ministerio Fiscal no puede violar el secreto profesional de manera impune para señalar a un adversario político", que exactamente es "lo que ha pasado". "Veremos las consecuencias penales que tiene esto" pero "aquí estamos jugando con los derechos y libertades de los ciudadanos" y "no podemos admitir en una democracia que el fiscal general del Estado haga una operación política que suponga violar el secreto profesional".
También se pronunció el alcalde sobre la información que este lunes publica El País. Según el diario de Prisa, el presunto fraude del novio de Ayuso "fue una conducta consciente, deliberada y dolosa". Para Almeida esta información carece de importancia porque "ya supongo que la Agencia Tributaria no va a los juzgados si no es porque hay un informe de sus servicios jurídicos que le dice que tiene que ir a los juzgados, no sé cuál es la exclusiva", dijo e irónico añadió: "Llegará un momento en el que se descubra que un vecino de Ayuso copió en un examen en la carrera y que la culpa es de Ayuso".
"Habrá que suscitar el debate de si es machista o no exigir a una persona que sepa lo que hace su pareja porque aquí lo que se está exigiendo a una persona es que sepa lo que hace su pareja. Yo tengo muy claro, sin embargo, que Pedro Sánchez sabía que Begoña Gómez cobraba de Globalia mientras se estaba negociando el rescate de Globalia y me parece bastante más grave" porque supone que "la mujer del presidente del Gobierno tenga un lucro de una empresa que su marido rescata", añadió.
El alcalde, además, recordó que "nadie ha dicho que la comisión" que percibió el novio de la presidenta fuera ilegal. "Y si fuera ilegal, Salvador Illa no podría continuar en política porque fue quien licitó eso contrato. Y si él cree que hubo alguna irregularidad en ese contrato tendrá que asumir las responsabilidades políticas". Asimismo, "si entramos en el terreno de la ejemplaridad que se reclama por parte de algunos, entonces Francina Armengol ya no debería ser presidenta del Congreso ni Ángel Víctor Torres debería ser ministro. Y ya no por una cuestión de ejemplaridad sino porque ellos fueron partícipes de una trama criminal".