El Consejo de Ministros dio luz verde este martes al Plan Integral de Prevención del Tabaquismo (PIT) 2024-2027, una "medida fundamental para la salud pública" que propone medidas como la ampliación de los espacios libres de humo, el incremento de la fiscalidad, el empaquetado genérico o la equiparación de los vapeadores.
El anuncio lo realizó la la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desde Moncloa. Sanidad sacó después una nota de prensa donde afirmaba que se trataba de una estrategia consensuada entre el Ministerio y las comunidades autónomas con el apoyo de las sociedades científicas y que también iría encaminada a prohibir los vapeadores de un solo uso o impulsar la investigación sobre el tabaquismo y su impacto en la salud, entre otras medidas.
Pero la Comunidad de Madrid salió a desmentirlo. "Las comunidades autónomas no han aprobado ningún Plan Antitabaco porque en el Consejo Interterritorial del pasado día 5 de abril este asunto era un punto informativo y lo que se acordó es establecer una hoja de ruta", señalan en un comunicado desde la Consejería de Sanidad, donde se subraya que "en ningún caso se aprobó nada, ya que había numerosas discrepancias sobre cómo llevarlo a cabo".
Así las cosas, desde el departamento que dirige Fátima Matute consideran una "deslealtad" que el Consejo de Ministros aprobara este martes este Plan Antitabaco "sin haber informado de manera previa a las comunidades autónomas, tratando de "vaciar de funciones el órgano competente", que es el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad, señalan.
Las quejas a este respecto, según la máxima responsable de la Sanidad madrileña, no se pudieron evidenciar en el Consejo, que precisamente se celebró también este martes, hasta el turno de ruegos y preguntas, lo que supone, a su juicio, "un nuevo ejercicio de oscurantismo y deslealtad" de Mónica García, quien tuvo que "reconocer que la información se ha publicado sin trasladar la información previamente al resto de comunidades autónomas".
Ya entrando en materia, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso están de acuerdo en que hay que trabajar sobre el "efecto pernicioso del tabaco y su regulación" pero difieren en la manera de hacerlo. El objetivo para la Comunidad de Madrid, explican, "es alejar a la población de las adicciones, pero discrepa en el modo de cómo aplicarlo". Defienden, en definitiva, "espacios sin humo" al igual que la "inmensa mayoría" de las autonomías.
El Plan Antitabaco de García también incorporar a las prestaciones farmacéuticas del Sistema Nacional de Salud aquellos medicamentos que, atendiendo a la evidencia científica y eficiencia económica, son adecuados para el tratamiento de la adicción al tabaco. En este punto, la Consejería de Sanidad madrileña critica que no exista una memoria económica asociada a la medicación sustitutoria y de todos sus recursos.
El Gobierno de Ayuso espera, por último, que el Ministerio ponga el mismo celo en otro tipo de sustancias y adicciones como es el cannabis y la combustión y consumo del mismo a través de porros.