La Comunidad de Madrid estima que la próxima reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que prepara el Gobierno central supondrá un coste extra de 2.635 millones de euros anuales a los comerciantes y hosteleros de la región (1.775 y 860 millones, respectivamente).
Se trata de los sectores más afectados del tejido productivo madrileño por la medida, como refleja el informe oral de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo presentado este miércoles en Consejo de Gobierno sobre el anteproyecto de Ley estatal y que expresa el rechazo frontal del Ejecutivo autonómico a esta normativa.
Los sectores del comercio y la hostelería de la región suponen en la actualidad hasta el 17,2% del conjunto de su PIB y suman entre ambos casi 800.000 trabajadores, por lo que las consecuencias serían nefastas para la primera economía de España y el resto del país.
Según el documento elaborado por la Comunidad de Madrid, se trata de una imposición unilateral que no se ha acordado con el conjunto de los agentes sociales, vulnerando la negociación colectiva y, además, restringiendo abiertamente la libertad de empresa.
Además, esta futura Ley del Gobierno central genera inseguridad jurídica al no tener desarrollo reglamentario, y las presunciones que se establecen en caso de incumplimiento pueden resultar excesivas y difíciles de gestionar, traduciéndose en un incremento de la conflictividad laboral en toda España.
Así las cosas, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso analizará si cabe posible recurso y utilizarán "todos los resortes" contra esta decisión, según anunció el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local. "Lo analizaremos y si cabe algún tipo de recurso desde luego utilizaremos todos los resortes a nuestro alcance para defender a nuestra economía, a nuestros trabajadores y a nuestros empresarios", indicó Miguel Ángel García.
El también portavoz del Gobierno madrileño pidió al Ejecutivo central algo que considera "básico y evidente", y es que "escuche" a los interlocutores sociales y a los representantes de los empresarios, autónomos y trabajadores para tratar de llegar a un acuerdo de cara a que las empresas "no sean las que paguen una vez más los platos rotos".
Y es que García subrayó que tiene la sensación de que esta medida no viene acompañada de un "estudio serio y riguroso" que mida el impacto que va a tener sobre el empleo, la competitividad o la productividad, y considera que tiene que ser algo "muy pensado y repensado". Y recordó que la negociación colectiva ya confiere capacidad a los agentes sociales para reducir la jornada laboral sobre ese máximo legal que en este momento está establecido en las 40 horas semanales, con más de 1.800 convenios con horarios inferiores.
Las "graves consecuencias" para pymes y autónomos
Para la Comunidad de Madrid, el nuevo texto estatal carece de un análisis serio y riguroso del impacto económico, las cargas administrativas o las consecuencias organizativas que puede generar, especialmente para pymes y autónomos, que son quienes más sufrirán sus efectos nocivos. Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ya se ha remitido este mes al Ministerio de Trabajo y Economía Social un documento con todas las alegaciones del Gobierno madrileño al anteproyecto de Ley.
Varios estudios externos advierten de las graves consecuencias que supondrá para estos negocios, que se verán obligados a contratar otra persona para cubrir esas horas o a cerrar su actividad durante ese periodo, con la consiguiente pérdida de ingresos.
Por otra parte, esta normativa hará que España pase de tener una legislación dentro de los márgenes habituales en la Unión Europea a poseer una de las más rígidas en la materia, añadiendo nuevos costes financieros y burocráticos, que serán más difíciles de cumplir para aquellas compañías de menor tamaño.