Este jueves, a cuatro días – con fin de semana de por medio – de que venza el plazo dado por el Gobierno para que las comunidades autónomas le trasladen la cifra exacta de menores extranjeros no acompañados que atienden, la confusión reinaba en Madrid.
Tres son los ministerios implicados [Política Territorial y Administración Pública; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Juventud e Infancia], uno ha sido el correo enviado por la ministra Sira Rego al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y cero las reuniones o contactos mantenidos entre ambas administraciones, lamentan fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Y "no están interviniendo los tres ministerios" que desde la Comunidad de Madrid consideran claves: Interior, Defensa y Asuntos Exteriores.
"Pretenden que se traslade una foto fija con el número de estos menores y las plazas ocupadas", señalan a Libertad Digital. Una tarea casi imposible si se tiene en cuenta el grado de rotación y movilidad de estas personas. "Unos están cinco días, otros quieren quedarse mucho más tiempo", explican. Así las cosas, desde la consejería de Ana Dávila están estudiando aún qué es lo que se traslada al Ministerio porque además el Real Decreto ley 2/2025 por el que se modifica la Ley de Extranjería, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo, ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional.
La presidenta sí señaló este jueves, en una entrevista concedida a Más de Uno, en Ondacero, que "sólo en el año 2024, estamos hablando de 2.442". Según fuentes del Ejecutivo regional, Madrid ha atendido a 10.618 menores inmigrantes no acompañados desde 2019. Concretamente, ese año se atendió a 1.219 de estos menores. En 2020, fueron 822 los atendidos. En el año 2021, llegaron 996. Y en 2022 ascendieron notablemente hasta llegar a 2.842. En 2023, llegaron a Madrid 1.360 menores inmigrantes solos. Y en 2024 se han contabilizado esos 2.442. Este 2025, hasta la fecha son ya 937.
El Ejecutivo madrileño calcula que "la mitad aproximadamente llega por Barajas y la otra mitad puede venir bien con sus padres, y estos volverse a sus países de África, o bien directamente desde otras regiones". En este punto, Ayuso recriminó la falta de control absoluto. "El Gobierno no nos dice quiénes son, de dónde vienen, qué traen con ellos, puesto que además muchos a su vez vienen con problemas extraordinarios que nos gustaría conocer de partida, puesto que de esta manera su integración y la ayuda que tú les puedes ofrecer también es mayor". Así las cosas, "no hay un control claro ni de quién entra, ni de dónde viene, qué es de ellos ni dónde van luego".
"Pero para mí lo preocupante es, además, el número de mayores que están por un lado en las instalaciones de Campamento del Ministerio de Defensa y otras que tiene en Alcalá de Henares; por ahí ya han pasado 6.000 en uno, 5.000 en otro, hablamos de 11.000 personas. A lo que hay que añadir las cerca de 400.000 aproximadamente, y me dicen que tirando por lo bajo, que cada año pasan por el aeropuerto de Barajas", añadió Ayuso en el programa de Carlos Alsina.
"Cataluña en este momento está en torno a los 2.600-2.800, un poco por encima, pero también Cataluña tiene un millón y medio más de habitantes", indicó la presidenta. "Así que no pueden decirnos que Madrid no ha puesto lo mejor de sus recursos, los que tenemos" para atenderlos. Pero son insuficientes, reconoció la jefa del Ejecutivo. "El año pasado el Gobierno nos dio en torno a 1.600.000 euros mientras que nosotros pusimos 60 millones de euros", algo que además "te descuadra las cuentas".
La cifra que aporten las autonomías será clave para calcular el traslado de los 4.400 niños y adolescentes procedentes de Canarias y Ceuta, tal y como establece el decreto ley. Por ahora, ninguna ha dado todavía esa información, según admiten fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia. En el caso de que venza el plazo y haya comunidades autónomas que sigan sin haber trasladado sus cifras, el Gobierno se abre a flexibilizar ligeramente los tiempos. Aunque advierte de que si se sobrepasa la prórroga, harán la métrica con los últimos datos fiables que tengan, que en este caso son los correspondientes a 2023 del Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia.
El Ejecutivo quiere disponer de esa "foto fija" y determinar cómo están los sistemas de acogida y a cuántos menores extranjeros le corresponde recibir a cada comunidad, en base a los criterios definidos en el documento: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (13%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%), dispersión territorial (2%) y el esfuerzo previo (6%) que cada autonomía haya realizado en la acogida de los menores inmigrantes. Ese "certificado" que envíen al Gobierno central servirá también para que las otras comunidades que aseguran estar sobresaturadas, lo demuestren.
Así, el ministro Ángel Víctor Torres indicó que una vez obtenida la suma de estos menores que hay tutelados en toda España, se dividirá entre la población total, y esa cifra se dividirá, nuevamente, por el total de ciudadanos de cada comunidad. El resultado que se obtenga indicará la "capacidad ordinaria" de cada territorio y así se podrá determinar si una autonomía está acogiendo por encima de sus posibilidades.
Ayuso ya ha repetido en varias ocasiones que cumplirá la ley, como no puede ser de otra manera, pero este jueves manifestó la "profunda irresponsabilidad" que le parece que esta decisión, producto de un pacto con Junts, no venga acompañada "ni de negociación con las comunidades, ni de presupuestos ni tampoco unas formas cuando los procedimientos te los saltas". "Tiene que haber una política de integración pero también de fronteras" y pensando en el interés y bienestar de estas personas. Porque en el fondo, indicó, es "dejarles abandonados a su suerte, repartiéndolos como números. Creo que tampoco le hacen ningún favor a ellos y sí le hace un gran favor a las mafias, que en realidad son las que saben qué vías son las que se están abriendo ahora mismo para seguir enviando menores porque les sale gratuito hacer esto sin que tengan consecuencias".
"No sé por qué Junts tiene que decidir cuántos menores tienen que ir a cada comunidad autónoma", lamentó. Y luego "es el Gobierno el que los envía y ahí os busquéis la vida. Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad del Gobierno? Porque al final, quien tiene esa responsabilidad en materia de extranjería, de inmigración, de fronteras, es él, no yo", expuso.