Dos frentes relacionados con inmigrantes ilegales han puesto en pie de guerra a los ayuntamientos de Alcalá de Henares y de Pozuelo de Alcorcón gobernados por el PP de Isabel Díaz Ayuso así como al Gobierno que ella preside.
El cuartel de la Brigada Paracaidista Primo de Rivera, que alberga un centro de acogida y de emergencia de inmigrantes, lleva en el punto de mira de las autoridades madrileñas muchos meses. Dirigentes populares llevan tiempo denunciando que allí se acumulan más de 1.700 personas cuando su capacidad no debería sobrepasar los 600.
Pero la violación de una joven el pasado 28 de junio en las inmediaciones del centro y la confirmación este mismo miércoles por parte de la Policía Nacional de la detención de un joven de 21 años de nacionalidad maliense que se aloja allí como presunto autor de los hechos, han llevado a la alcaldesa, Jutdith Piquet, a anunciar que presentará una moción en el próximo pleno municipal para exigir su cierre.
Piquet ha afirmado que, aunque Alcalá ha mostrado "su solidaridad", el centro ha superado la capacidad permitida, con más de 1.700 personas, y "ha provocado una grave preocupación entre los vecinos y las familias de Alcalá", según ha indicado en declaraciones a Telemadrid. Así, ha destacado que la falta de un plan de integración y seguridad ha generado "un ambiente de inseguridad y desorden en los alrededores, lo que afecta la calidad de vida de las familias locales".
La moción, que será presentada en el próximo pleno del Ayuntamiento, el martes 15 de julio, busca el apoyo de todos los grupos políticos para "exigir el cierre del centro y que el Gobierno de España gestione de forma más equitativa el reparto de los centros de acogida por todas comunidades autónomas". Además, la regidora ha señalado la importancia de que las familias de Alcalá puedan retomar sus actividades cotidianas con tranquilidad, y que el centro no sea un obstáculo para su bienestar. La alcaldesa ha reiterado también la necesidad de un plan de seguridad para todos los centros de acogida, a la vez que ha lamentado "la falta de respuesta del Gobierno de España a sus repetidas solicitudes durante los últimos 20 meses".
Por otro lado está Pozuelo. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene intención de alojar en este municipio a 400 menores inmigrantes no acompañados solicitantes de asilo, procedentes de Canarias. Una decisión de la que no ha informado al Ejecutivo madrileño ni al Ayuntamiento de la localidad, a cuyo frente está la popular Paloma Tejero, quien en esRadio expresó su indignación. "No hemos recibido ninguna comunicación oficial, nos hemos enterado por los medios de comunicación, como todos".
Tejero señaló que este centro se creó con carácter temporal para la acogida de ucranainos durante la guerra, pero ahora "pretenden convertirlo en una infraestructura permanente para menores no acompañados, algo que ni está preparado ni concebido para ello".
Cierre de los macrocentros de Pozuelo, Alcalá y Carabanchel
Este mismo jueves el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea ha acudido al Consistorio de Pozuelo donde ha mantenido una reunión con la regidora. A su salida, ha reclamado el cierre inmediato de los macrocentros que ha montado el Gobierno de Sánchez en Alcalá de Henares, el que quieren montar aquí en Pozuelo de Alarcón y el de Carabanchel. "No puede ser que la caótica política migratoria de Pedro Sánchez afecte a los municipios de la Comunidad de Madrid".
Carlos Díaz Pache ha reclamado también coordinación entre las distintas administraciones. "Esta deslealtad institucional de traer personas sin comunicarlo a los ayuntamientos ni a la comunidad autónoma es absolutamente intolerable". Para Pache, "esto es otro caos más, como el caos ferroviario o el caos aeroportuario que convierte a España en una república bananera, y no queremos eso. España es un gran país y los municipios de la región merecen tener, no solo la información, sino la seguridad y la tranquilidad para todos los vecinos de que todo está bien".
En este sentido, el portavoz popular interpeló directamente al delegado del Gobierno, Francisco Martín, al que pidió que haga su trabajo "y, en lugar de criticar a los ayuntamientos, que se encargue de facilitar esa coordinación entre el Gobierno central, los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid".
Lo que pretende Pedro Sánchez en Pozuelo de Alarcón es una improvisación más, una chapuza más.
Está haciendo macro campamentos en la Comunidad de Madrid para albergar a personas sin saber ni siquiera quienes son.
Exigimos el cierre de todos ellos. @cdpache pic.twitter.com/kk6Dd1W9He
— PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) July 3, 2025
También el Gobierno de Ayuso, a través del portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha exigido el cierre de estos "macrocampamentos" al defender que "no puede ser la única solución al problema migratorio".
"Le hemos vuelto a pedir al delegado del Gobierno que ponga medidas, que ponga más medios, que ponga lógicamente más efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil y que dote de medios a la Policía Nacional y la Guardia Civil", ha expuesto Miguel Ángel García.
El PP "hacer sonar las alarmas" cuando las agresiones las cometen inmigrantes
El delegado, por su parte, acusa al PP de guardar silencio cuando se producen agresiones sexuales en la región y, sin embargo, "hacer sonar las alarmas" cuando estas son cometidas por personas inmigrantes. "En la Comunidad de Madrid en el año 2024 hubo 664 agresiones sexuales con penetración, solo en la ciudad de Alcalá de Henares hubo trece. En lo que llevamos de 2025 en Alcalá de Henares ha habido, en el primer trimestre de 2025, cinco agresiones sexuales con penetración. En ninguno de estos casos hemos escuchado una respuesta por parte de la alcaldesa de Alcalá de Henares o por parte del PP de Madrid".
La detención del joven maliense como presunto autor de la violación derivó en la víspera en una concentración no comunicada a la Delegación en la que se vivieron momentos de tensión y enfrentamiento entre manifestantes y agentes de la Policía, y que culminó con cuatro detenidos y una veintena de identificados.
Sobre este asunto, el delegado del Gobierno ha mostrado su rechazo a los "disturbios" y ha lamentado que "este es el resultado de calentar las calles". "Por un lado se miente, se señala injustamente a un colectivo muy determinado por una razón, como todos sabemos, como es por el color de piel de este colectivo, pero a continuación se inflama la calle de una manera muy irresponsable"